Se cae el planteamiento de llevar adelante el referendo propuesto por el presidente Luis Arce de manera paralela con las elecciones judiciales y así lo expuso el ministro de Justicia, Iván Lima, al referir que hasta la fecha no recibieron una respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que debía pronunciarse sobre las preguntas contempladas por el Ejecutivo para llevar adelante el procesos a principios de diciembre.

“No hemos recibido la notificación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas propuestas para el Referendo Consultivo. A esta altura comprendemos que, debido a que los tiempos que prevé la ley para ese propósito ya no lo permiten, ese evento de consulta democrática no podrá llevarse a cabo en el tiempo que propusimos”, sostuvo el ministro.

El 27 de agosto, el primer mandatario, envió al TCP las tres preguntas corregidas del referéndo consultivo sobre la reelección presidencial y la subvención de diésel y gasolina; luego de que estas fueran observadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero no hubo una respuesta.

Sin embargo, la autoridad señaló que hay convencimiento en la necesidad de escuchar la voz del pueblo y que este se puede pronunciar respecto a los planteamientos que se enfocan en la subvención a los combustibles y la reelección presidencial.

 “Continuaremos el procedimiento de consulta enviando nuevamente las preguntas al TSE y una vez que obtengamos una respuesta del mismo, las remitiremos al TCP con el mismo propósito. Concluido el procedimiento, el presidente convocará a la consulta nacional en el plazo que permita la Ley”, apuntó Lima en sus redes sociales.

El viernes, se conoció extraoficialmente, que el TCP resolvió declarar la “improcedencia” de las preguntas planteadas por Arce, toda vez que el Gobierno debió enviar antes las preguntas reformuladas al Órgano Electoral. Autoridades de Gobierno no confirmaron el hecho, pero aseguraron que estaban atentos a la postura de los magistrados.

Por otra parte, el TSE aseguró que la Ley del Régimen Electoral determina como mínimo 90 días para poder organizar y llevar adelante un proceso de referéndum.

​