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Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: lunes 02 de septiembre de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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La Defensoría del Pueblo informó este lunes que ha registrado 171 conflictos en el país, entre marchas, protestas y bloqueos, demandas de diferentes sectores sociales que no han sido atendidas por el Estado, en una situación que tiende a agravarse, por lo que solicitó al Gobierno establecer “espacios de diálogo” para encontrar salidas.
“La Defensoría del Pueblo ha visibilizado a través de dos reportes trimestrales de la presente gestión 171 conflictos en el país, de los cuales 59 se refieren a la vulneración del derecho al trabajo y empleo. En los últimos meses, la situación de conflictividad fue agudizándose, por demandas en torno al derecho a la alimentación, derechos políticos, derecho al medio ambiente, entre otros”, dice la entidad en una nota de prensa.
Esos hechos “han derivado en la expresión de su disconformidad a través de diferentes medidas de presión como marchas y bloqueo de vías”.
“En el marco del ejercicio del derecho a la protesta como una manifestación del derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, que no afecte los derechos de terceros, se insta al Gobierno a recurrir al establecimiento de espacios de diálogo que permitan alternativas de soluciones a las demandas sociales a fin de prevenir situaciones de violencia”, dice el pronunciamiento.
Señala que, en ese contexto, la Defensoría del Pueblo, a través de sus 21 oficinas distribuidas en el territorio nacional, “monitorea de cerca esta situación y se mantiene alerta ante posibles violaciones a los derechos humanos, priorizando la protección de las poblaciones más vulnerables”.
La Defensoría señala que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece claramente que el derecho a la protesta pacífica y la importancia de garantizar la integridad de los manifestantes; en consecuencia, es imperativo que tanto el Estado como los actores sociales cumplan con estas normas fundamentales.
“Instamos al Estado a establecer espacios de diálogo genuino con los actores sociales para encontrar soluciones pacíficas a las demandas ciudadanas. Asimismo, exhortamos a todas las partes involucradas a respetar los derechos humanos de terceros ajenos al conflicto y a actuar con moderación, buscando siempre el bien común”.