¿Vale la pena elegir a los jueces con voto popular? El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tiene una opinión negativa muy clara, contundente, que el presidente Manuel López O. considera una ofensa para su país.
La reacción del Gobierno mexicano ante esta “ofensa” ha sido poner “en pausa” sus vínculos con el embajador norteamericano, algo que no se sabe lo que significa, porque ningún otro país lo ha hecho jamás, eso de la “pausa”.
El Gobierno de México prepara una elección de jueces que supone una profunda reforma al sistema judicial, y que quizá se inspiró en la experiencia boliviana, pero en informes producidos por el aparato de propaganda del masismo y no en algún análisis de los resultados para aplicar ese método.
Lo que dijo el embajador Salazar fue: “La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia de México. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”.
Si el gobierno de López hubiera consultado con Bolivia, donde los jueces son elegidos desde 2011, habría descubierto que el método no sirve, y que convierte a los jueces en esclavos serviles del gobierno de turno.
En suma, que los jueces, y con ellos la justicia entera, son ahora sujetos de la corrupción política boliviana, algo que lo saben todos los ciudadanos.
Los bolivianos supieron desde el principio que el método no sirve. Los jueces bolivianos fueron elegidos en elecciones donde los votos blancos y nulos sumaron 80%.
La opinión del embajador Salazar parece el resultado de una evaluación precisa del lamentable resultado del experimento hecho en Bolivia.
La actitud de los ciudadanos en las elecciones de jueces, con semejantes porcentajes de blancos y nulos, tendría que haber sido interpretada como lo que fue: un rechazo a la farsa, una condena apabullante a esta forma de matar a la justicia.
Esa lectura hubiera tenido que servir para concluir que el método no sirve, no sólo porque convierte a los jueces en sirvientes del partido de turno, sino porque los ciudadanos del país lo desahuciaron, lo definieron como inútil y absurdo.
El parlamento debía haber optado por anular la elección de jueces y retornar al sistema basado en la meritocracia.
En el parlamento boliviano se tendría que haber recordado el voto negativo de los ciudadanos tanto en 2011 como en 2017, pero, como se sabe, la “oposición” para nada sirve, ni siquiera para exigir que se anulen los elementos del fraude electoral.
Todo esto nos lleva a considerar la necesidad de que los ciudadanos bolivianos, aquellos que rechazaron la elección de jueces, pongan en “pausa” sus vínculos con los gobiernos del MAS para siempre.