El presidente de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Miguel Rejas, indicó este miércoles que el referéndum promovido por el presidente Luis Arce Catacora vía Decreto Supremo vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y transgrede las atribuciones que tiene por ley el Órgano Legislativo; además, intenta transferir responsabilidades del Poder Ejecutivo a la población en su conjunto.

La pasada jornada, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que las tres preguntas corregidas del referéndum propuesto por Arce fueron enviadas de manera digital y física, para que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las revise. La ley establece un plazo de 15 días, sin embargo, la autoridad expresó su confianza en que los magistrados se pronuncien hasta antes del sábado 31 de agosto para poder cumplir con los plazos.

“El Ejecutivo está pisoteando a la Asamblea Legislativa, pero también está pisoteando la propia Constitución Política del Estado cuando son obligaciones y responsabilidades del Ejecutivo, incluso cuando está en una situación de crisis por la falta de combustible tomar decisiones y tomar acciones, eso es responsabilidad directamente del Poder Ejecutivo, no así querer responsabilizar y tirar la pelotita al pueblo boliviano”, señaló Rejas.

Asimismo, cuestionó la inversión que significará para el erario nacional el referéndum toda vez que se suspendieron las elecciones primarias justamente porque representaban un gasto insulso; pero, con la imposición de la consulta popular mediante un Decreto Supremo no se ahorra nada y se hace un mal uso de los recursos de ese dinero propiedad del pueblo boliviano y que debería ser destinado a paliar problemas como la escasez de combustibles, la ausencia de dólares o el alza de los productos de la canasta familiar.

“Creemos que el gobierno no tiene la capacidad de poder tomar decisiones y acciones, y más que todo, los ministros que están maniobrando en querer tergiversar la situación y buscar cortinas de humo para poder salir de la situación; en ese sentido es la desesperación; además, algunos dirigentes del ala arcista también estarían buscando la manera de perjudicar a su mismo gobierno; nos echan la culpa a nosotros que queremos desestabilizar cuando estamos pidiendo a los sectores que quieren movilizarse que no perjudiquen”, resaltó.

El plazo fatal para emitir el Decreto Supremo que avale la consulta popular es el sábado 31 de agosto, si el TCP no se pronuncia a lo sumo hasta ese día, el referendo no se llevará adelante, porque la ley señala expresamente que el trámite previo tiene un plazo de hasta 90 días antes de la fecha prevista; en este caso, para que el 1 de diciembre, día de la elección judicial, también pueda llevarse a cabo dicho referéndum.