El informe anual sobre el estado de la justicia emitido por la Fundación Construir indica que la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en diciembre del año pasado, “ha violado los tres candados constitucionales fijados en el art. 411 de la CPE”, puesto que dichas autoridades, según manda la propia Constitución, deben ser elegidas por sufragio universal.

Los tres candados violados son los mecanismos establecidos para reformar la Constitución: La Asamblea Constituyente para cambios fundamentales y, para cambios parciales, la iniciativa ciudadana y la Asamblea Legislativa.

El “Informe sobre el estado de situación de la justicia en Bolivia 2023” también señala que la forma de retornar al cauce constitucional es ir a elecciones judiciales para elegir magistrados, de acuerdo lo establecido en la Constitución, sin embargo, indica que luego el país debe debatir nuevas formas de elección de estas autoridades, además de encarar la reforma estructural de la justicia, un asunto que todavía está pendiente.

Las elecciones judiciales están previstas para el 1 de diciembre de este año, lo que implica que los magistrados prorrogados habrán desempeñado sus cargos al margen de la Constitución por todo el año 2024.

“Es evidente que la prioridad, en la actualidad, es viabilizar el tercer proceso de elección judicial, como un requisito indispensable de retorno a la institucionalidad. Sin embargo, una vez que ello suceda, el Estado deberá reavivar el debate sobre posibles reformas constitucionales y/o normativas a esta modalidad de preselección y elección de autoridades judiciales”, señala el reporte, que fue presentado la semana pasada en La Paz.

El informe es una iniciativa de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, bajo la coordinación de la Fundación Construir.

El reporte señala que “el Estado tiene un compromiso pendiente con la reforma del sistema de justicia, y se evidencia con preocupación la ausencia de un plan nacional y medidas estructuradas a través de una ruta crítica para lograr todas las metas planteadas en la Cumbre Nacional de Justicia Plural, pero, además, en las recomendaciones de organismos del sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos”.

En Bolivia existe coincidencia en que el sistema judicial atraviesa por una profunda crisis y, en ese marco, organismos internacionales recomendaron realizar reformas estructurales orientadas a garantizar la independencia e idoneidad de la justicia.

De hecho, los mismos monitores que elaboraron el informe de la Fundación Construir, comprobaron que existe falta de transparencia para valorar la verdadera situación de este órgano.

“El presente informe ha intentado desarrollar un balance sobre la gestión, avances y desafíos de las instituciones que intervienen en la administración de justicia, aspecto que no ha sido fácil, ya que algunas instituciones no respondieron a la solicitud de información planteada por la sociedad civil y, además, sus informes de rendición pública de cuentas, no contienen la información suficiente para un análisis integral desde la sociedad civil”, señala el reporte de 329 páginas en su parte conclusiva.

Otros asuntos

El informe abunda en otros aspectos que atañen a la justicia. Por ejemplo, empieza mencionado que “los avances en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el GIEI-Bolivia son apenas perceptibles”, en referencia a los hechos de 2019, cuando unas 30 personas murieron fruto de la violencia política generada en la transición política entre los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez.

El reporte indica que se ha evidenciado que “los avances son muy escasos y que éstos se ven opacados por la falta de acceso a la información pública, situación que impide a la sociedad civil e incluso a la propia CIDH, efectuar un seguimiento al rol del Ministerio Público en cumplimiento a dichas recomendaciones”. En ese marco, insta a reforzar los esfuerzos estatales “para romper el ciclo de impunidad”.

En ese marco, el informe reclama porque “el Estado sigue sin contar con un marco legislativo que garantice y reglamente el derecho al acceso a la información en todas las ramas de la función pública”.

“La sociedad civil reitera la necesidad de promulgar una Ley de Acceso a la Información Pública, y mientras ello sucede, el establecimiento de nuevos parámetros para las rendiciones de cuentas en cada institución”, recomienda.

Y, en el acápite de acceso a la justicia, el informe pone especial atención a la Ley 348, indicando que aquello que ya se ha desarrollado “no puede retrotraerse, en ese marco, cualquier modificación a su texto debe contener un criterio más favorable para mujeres y jamás uno más regresivo”. Hace este apunte luego que en el Senado se generara un debate tendiente a modificar la Ley 348 porque en criterio de su presidente, Andrónico Rodríguez, perjudica a los hombres.

BD