Al presentar una ley, y discutirla luego, el legislador debe manejar los conceptos con precisión. Así, la mentira es “expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente” o bien una “cosa que no es verdad” pero no por ello se considera delito.

Una mentira es, esencialmente, subjetiva pues aquello que es falso para uno puede ser verdad para otro. Depende, entonces, no solo del punto de vista de una persona sino de su situación y hasta de los valores con los que fue formado. En religión, por ejemplo, existen diferentes formas de ver y comprender el universo y estas determinan qué es verdad o mentira. El catolicismo es bipolar pues se basa en la lucha entre el bien y el mal. El bien es representado por Dios, al que se atribuye el valor de la verdad, mientras que el mal tiene como figura tutelar a Satanás, Lucifer, Belcebú o simplemente el diablo, que es el señor de la mentira. Las culturas politeístas tienen una deidad para todo, incluso para la mentira, pero en la cosmovisión andina la mentira es una inconducta que debe sancionarse.

Quizás por esa idea de que la mentira debe castigarse, el presidente Evo Morales ha exteriorizado su deseo de viabilizar una norma en ese sentido. El problema es que, con la legislación occidentalizada que rige en Bolivia, no se puede hacer nada con la actual normativa. Lo que tendrían que decirle al jefe de Estado, y a quienes le hacen coro irreflexivamente, es que, con la actual legislación, la mentira no es un hecho, ni dicho, punible. Existe, en cambio, una figura penal denominada falsedad que consiste en “en la alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes, hechas en documentos públicos o privados, en monedas, en timbres o en marcas”.

Conocido ese concepto, veremos que la falsedad ya está legislada en Bolivia bajo tipificaciones más o menos similares. Así, el artículo 169 del Código Penal señala que el falso testimonio es un delito “consistente en la alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes, hechas en documentos públicos o privados…” mientras que el artículo 198 es la falsedad material consistente en modificar documentos o alterar los verdaderos “de modo que pueda resultar perjuicio”.

Y para no seguir revisando los artículos en ese sentido, digamos que, como se ha visto, la “falta de verdad” está legislada, e incluso penada bajo la forma de “falsedad”. No se justifica, entonces, que se quiera introducir otra figura bajo la denominación de “mentira”.

Resulta difícil determinar quién miente o no porque eso está diametral y directamente relacionado con la verdad. ¿Es que acaso un juez, con todo y la autoridad que emana de sus resoluciones, es dueño de la verdad?

Habrá que repetir que la verdad y la mentira dependen de muchos factores. El mejor ejemplo para ello es el de un “6” (seis) dibujado en un piso. Quien se pare al pie del número leerá “6” pero quien se ubique del otro extremo verá otro número, “9”. En ambos casos, tanto el que está al pie como en la cabeza del número estarán en lo cierto, porque ambos dicen lo que ven desde su perspectiva. No se puede acusar de mentir a ninguno.

Por ello, legislar o —peor aún— sancionar la mentira es una tarea difícil. La falsedad se puede determinar documentalmente pero la mentira, como la verdad, está sujeta a la visión particular de cada persona.

La prueba de lo afirmado está en las distintas visiones que gobierno y oposición tienen de las cosas. Lo que para el gobierno es verdad se convierte en mentira para los opositores, y viceversa. Además, si se sanciona la mentira, el presidente tendría que ser uno de los primeros en ser procesado porque, entre otras cosas, dijo que, si ganaba el “no” en el referendo del 21 de febrero, se iría a su chacra pero ya manifestó que no lo hará. Dijo que haría una cosa pero ahora anuncia otra.