Panamericana recogió varias lecturas sobre el marco constitucional en el que se programa una consulta popular anexada a las elecciones judiciales este 1 de diciembre, así como las motivaciones del gobierno para recurrir a dicho recurso democrático.

En primera instancia, el abogado constitucionalista, Víctor Hugo Chávez, reforzó el criterio de que no es adecuado planificar el referéndum junto a los comicios judiciales por el riesgo de contaminación política. Asimismo, opinó que se trata de una medida distractiva ante la crisis económica que atraviesa el país.

Para la exvocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, la Constitución Política del Estado es clara al descartar la pertinencia de procesos superpuestos.

Además, recordó el acuerdo entre el órgano electoral y las organizaciones políticas para que las elecciones primarias sean suspendidas en esta gestión a fin de que se cumplan requisitos, plazos y mecanismos de información.

Para el analista, Carlos Saavedra, el plebiscito es apropiado por constituir una herramienta democrática y participativa, que no representa un conflicto de intereses al desarrollarse simultáneamente con las elecciones judiciales y añadió que las críticas responden a cálculos políticos de promover conflictividad y perjudicar al gobierno.

A juicio del abogado y exministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, el verdadero objetivo del referéndum es entorpecer la preparación de los comicios judiciales, de modo que el Tribunal Supremo Electoral no pueda cumplir con los plazos y deba rezagar ambos procesos en aras de organizar las elecciones generales con un Tribunal Constitucional auto prorrogado.

Con una perspectiva política, la diputada del Movimiento Al Socialismo, Rosario García, recalcó que todos los procedimientos serán cuidadosamente evaluados por el órgano electoral y el constitucional, de modo que no corresponde adelantar conclusiones ni cuestionamientos, sino más bien proponer alternativas de solución a la crisis.

A su vez, la senadora oficialista de la corriente “renovadora”, Virginia Velasco, rechazó opiniones de grupos detractores que sólo buscan, dice, generar convulsión y desestabilizar la gestión de gobierno. Más bien, la legisladora ponderó la intención de corregir errores del pasado e incluir a la ciudadanía en las decisiones más relevantes.