La agenda política de esta semana está marcada por tres eventos cruciales: la entrega de resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, la convocatoria al cargo de Fiscal General del Estado, y la decisión del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas del referéndum.

El primer plazo que debe cumplirse corresponde al Órgano Ejecutivo, que tiene hasta este lunes para enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) las preguntas del referéndum ajustadas a las observaciones del Tribunal Supremo Electoral.

El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, que el presidente Luis Arce remitirá las preguntas a consideración del TCP a primera hora del lunes.

Lima explicó que, aunque el Tribunal normalmente tiene 15 días para pronunciarse, en este caso deberán hacerlo en tres o cuatro días para cumplir con el plazo final del 31 de agosto. De lo contrario, el referéndum no podrá realizarse junto con la elección judicial del 1 de diciembre, ya que se requieren 90 días de preparación.

RESULTADOS DEL CENSO

Otro plazo importante es la entrega de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que debe realizarse el 30 de agosto, según lo establece la ley.

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, aseguró que cumplirán con la entrega de los resultados iniciales y preliminares en la fecha estipulada.

Los resultados son esperados con expectativa por varios partidos políticos y líderes cívicos, quienes aguardan el inicio del debate sobre la redistribución de escaños y recursos de coparticipación tributaria.

FISCAL GENERAL DEL ESTADO

La Asamblea Legislativa debe lanzar la convocatoria para el cargo de Fiscal General del Estado, cuyo titular debe ser posesionado el 23 de octubre. Según el ministro Lima, se espera que la Comisión Mixta de Constitución emita la convocatoria pública este lunes.

Lima advirtió que el Ministerio de Justicia supervisará estrictamente que los funcionarios que deseen postularse renuncien a sus cargos antes del 31 de agosto. “No podemos permitir que haya vocales, jueces o personas que siendo funcionarios públicos o siendo jueces estén de candidatos pretendiendo hacerse al vivo. Ahí, inmediatamente el ministro de Justicia va a pedir su inhabilitación al Órgano Electoral porque eso es algo intolerable”, manifestó.

Esta semana se presenta como un período decisivo para el futuro político del país, con decisiones que impactarán directamente en los procesos electorales y la redistribución de recursos en Bolivia.