La democracia no es solo una palabra o un concepto abstracto; es un ejercicio diario en el que todos participamos. Es la garantía de que nuestras voces sean escuchadas y nuestras decisiones importen. Sin embargo, la reciente suspensión de las elecciones primarias en Bolivia ha puesto en duda la fortaleza de nuestro sistema democrático, dejando preguntas críticas sin respuesta: ¿Por qué se decidió suspender las primarias cuando ya estaban previstas por ley? ¿Qué alternativas se consideraron? ¿Cómo afectará esta decisión a la legitimidad de los candidatos y a la confianza en nuestras instituciones democráticas?

Las elecciones primarias en Bolivia, introducidas en 2017 mediante la Ley 1096, se celebraron por primera y única vez en enero de 2019. En esa ocasión, 1,715,880 militantes fueron habilitados para votar, con 495,345 que ejercieron su derecho, representando una participación del 28.87%.

El MAS que contaba con 991,092 militantes, tuvo una participación del 35.25% (349,393 votantes), Comunidad Ciudadana (CC) habilitó a 224,870 militantes, logrando un 24.45% de participación (55,027 votantes), y Bolivia Dice No (BDN) tuvo 191,038 militantes, con una participación del 22.79% (43,471 votantes).

Estos datos reflejan la capacidad de movilización de las bases y subrayan cómo las primarias lograron involucrar a un segmento de la militancia, legitimando a los candidatos dentro de sus partidos, a pesar de las críticas.

La suspensión de las primarias se justificó por la necesidad de concentrar esfuerzos en las elecciones judiciales, un proceso crucial para el sistema judicial del país. Sin embargo, esto plantea la pregunta de por qué no se exploraron alternativas que permitieran mantener las primarias. La suspensión parece haber sido una solución rápida a los desafíos logísticos, pero sin considerar el impacto a largo plazo en la democracia interna de los partidos.

La falta de exploración de alternativas es uno de los aspectos más criticados de esta decisión. Se podrían haber modificado las reglas para permitir más candidaturas dentro de los partidos, elevando el umbral de participación, o ajustado el calendario electoral para evitar conflictos con otros procesos. Estas opciones habrían mantenido la integridad del proceso democrático sin sobrecargar al TSE, pero no se tomaron en cuenta.

La falta de primarias podría debilitar la legitimidad de los candidatos, ya que no habrán sido seleccionados por la base militante. Las primarias son un mecanismo clave para asegurar que los candidatos representen genuinamente la voluntad popular dentro de sus organizaciones. Sin ellas, los candidatos podrían ser percibidos como menos representativos, lo que podría afectar su credibilidad ante el electorado general.

La suspensión de las primarias y la posterior convocatoria a un referéndum por decreto supremo no solo han generado desconfianza en las decisiones del Ejecutivo y del TSE, sino que también han restado credibilidad al proceso electoral al imponer un nuevo proceso cuando ya se había comprometido la suspensión de las primarias. Un referéndum no se decide de la noche a la mañana; es un proceso que requiere tiempo y seriedad en su planificación. Al hacerlo, el Ejecutivo ha evidenciado una falta de coherencia y respeto por los principios democráticos, lo que sugiere que sus decisiones están más guiadas por conveniencia política que por un verdadero compromiso con la democracia.

Es también significativo que varios de los actores que apoyaron la suspensión de las primarias no son militantes de ningún partido político o agrupación ciudadana. Figuras como Cecilia Requena, Andrea Barrientos, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho han tenido un papel destacado en el debate político, pero su falta de afiliación partidaria directa plantea dudas sobre si sus decisiones realmente reflejan los intereses de los militantes, aquellos que habrían sido los más afectados por la anulación de las primarias. Este hecho subraya una desconexión entre las élites políticas y las bases, cuestionando la legitimidad de las posturas asumidas por estos líderes.

La suspensión de las elecciones primarias no es solo una cuestión administrativa; es un reflejo de un problema más profundo en nuestro sistema político. Es un recordatorio de que la democracia debe defenderse en cada paso, desde las urnas hasta el respeto por los procesos internos que la sostienen. Como ciudadanos, debemos exigir coherencia, transparencia y un compromiso real con los principios democráticos de aquellos que toman decisiones en nuestro nombre. Es crucial enfrentar el caudillismo que domina la política boliviana y exigir que las estructuras partidarias promuevan la participación activa de sus militantes, asegurando que las decisiones no se tomen desde la cúpula, sino con un respaldo genuino de la base.

En este contexto, es crucial que los ciudadanos y las organizaciones exijan procesos más transparentes y coherentes. Es necesario rechazar el caudillismo que limita la participación activa y demandar que los partidos políticos se comprometan verdaderamente con sus bases, respetando los mecanismos democráticos internos, como las primarias. Solo mediante este compromiso podremos fortalecer nuestra democracia y garantizar que nuestras voces sean escuchadas de manera efectiva. La participación ciudadana debe ser el pilar sobre el cual se construya un sistema político verdaderamente representativo.