Una buena. Fiel a nuestra tradición de depositar buena parte de las resoluciones políticas en las urnas, el país finalmente (y después de un largo periodo de incertidumbre política) tiene trazada una ruta para recorrer el múltiple y largo ciclo electoral 2024-2026. Lo que es bastante en el contexto en el que nos encontramos. El hecho de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga allanadas buena parte de las dudas respecto a la realización de los procesos electorales recurrentes venideros y ello le permita hacer uso de las competencias con las que cuenta, abona certidumbre en un escenario político que en los últimos meses se ha caracterizado por estar regado de escollos propiciados por actores interesados en su (no) realización.

Lo dicho anteriormente no debiera revestir mayor novedad, toda vez de que la convocatoria a este tipo de procesos electorales recurrentes compete a un Órgano de Estado independiente, actualmente en funcionamiento y cuyas atribuciones están establecidas en normas completamente vigentes. Ocurre que a medida que los plazos fatales para estos procesos se han ido aproximando, se ha vuelto recurrente presenciar la acción de actores políticos que al no estar satisfechos con los preceptos normativos que indican el cuándo y el cómo de su realización, optan por su obstrucción, en clave de boicot. Así como hay quienes no desean que se desarrollen las elecciones judiciales, hay quienes requieren que las generales se realicen de acuerdo con sus necesidades. Y también están los que, a título de ampliación democrática, necesitan mostrar iniciativa política echando mano de procesos ya establecidos en el largo ciclo electoral.

Volvamos a las certezas: una ruta trazada clara da certidumbre en varios aspectos. En el caso de las elecciones generales, permite que en un escenario en el que la mayoría de los partidos políticos no prioriza el fortalecimiento de la democracia interna, finalmente queden establecidos plazos improrrogables para la preparación de las organizaciones políticas que buscarán terciar en el proceso de 2025, lo que incluye la renovación de directivas y, a posteriori, la selección de sus binomios presidenciales. Y en el caso de las judiciales, posibilita el importante descongestionamiento de la legitimidad de otro de los poderes del Estado. Para nada poca cosa.

No obstante, como se avizoraba hace varios meses ya y como se ha vuelto costumbre por la incapacidad resolutiva de la política ante los escenarios electorales, otra vez se opta por poner contra la pared al TSE, en tanto que quedan en sus manos varias resoluciones que aún debieran permitir allanar más las rutas trazadas. Finalmente, si se opta por esta instancia como resolutiva en asuntos electorales sus decisiones, que (des)agradarán a unos y otros, mínimamente deben ser aceptadas. Esto aplica para venideras disposiciones: directivas partidarias, requisitos de inscripción de candidaturas y evaluación técnica de preguntas de referéndum, por nombrar algunas.

No obstante, siendo cierto que la máxima de respeto a las decisiones debe primar para tratar de mantener algo allanado, claro y trazado el camino hacia unas urnas que permitan renovar (en consecuencia legitimar) buena parte de la institucionalidad democrática del país, también huelga señalar que es precisamente la acción política de hacer (ab)uso de las posibilidades democráticas: forzando su realización, buscando acomodar su avance a conveniencia y ensuciando su desarrollo, lo que de buena manera será calificado por la población una vez se arribe al voto. Y es necesario que los actores políticos sepan que es ya muy evidente la incertidumbre y el desorden que deliberadamente están sembrando, ante la poca luz de certeza que batalla por imponerse y corresponde defender.