El presidente Luis Arce ha remitido al Tribunal Supremo Electoral cuatro preguntas que, supuestamente, deberían ser sometidas al voto del pueblo boliviano el próximo 1 de diciembre, fecha en la que también se llevará a cabo la elección de altas autoridades judiciales.

Mucha tinta ha corrido desde el 6 de agosto, cuando el presidente anunció la consulta al electorado boliviano sobre la reelección presidencial, la subvención a los hidrocarburos y la redistribución de escaños en aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024; pero ajeno a toda crítica jurídica y/o política, el primer mandatario sigue ejecutando su plan.
Sin embargo, al margen aislar las prerrogativas de la Asamblea Legislativa o de esquivar, por decirlo de algún modo, sus prerrogativas y responsabilidades constitucionales, el Gobierno vuelve a violar las normas vigentes.

Concretamente, nos referimos a la Ley del Régimen Electoral (Ley 026).
El artículo 18, II. a) menciona que la pregunta de un referéndum debe garantizar “claridad, precisión e imparcialidad” y ninguna de las interrogantes planteadas por Arce cumple con esa exigencia mínima que, más allá de la lógica formal, la gramática adecuada o el apego a la ley, cumple un principio ético fundamental: la buena fe.

Veamos. La pregunta 1 indica: ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución Política del Estado?
Es sabido que Arce busca todas las formas posibles para sacar del escenario político a Evo Morales y esa es la razón por la que busca que la ciudadanía en su conjunto resuelva el conflicto masista por la ambición de poder. Pero mencionar que el resultado “implicaría modificar la Constitución…” es introducir intencionalmente un elemento ambiguo y de libre interpretación sobre un tema que no es crucial para el país.

Además, una interpretación lógica del resultado podría llevar a que diputados, senadores, alcaldes, gobernadores o cualquier autoridad electa tengan las mismas restricciones y ese es un debate que ni siquiera se ha abierto.
Las preguntas 2 y 3 tienen el mismo tenor y solo cambian el tipo de combustible: gasolina especial o diésel: ¿Está usted de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial (o diésel) como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para las bolivianas y bolivianos y que al tener un precio mucho más bajo que el internacional se genera contrabando, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles?

También se le podría preguntar al votante si está de acuerdo en que “el Gobierno levante la subvención a los carburantes y, en consecuencia, se ajusten todos los precios de la canasta familiar, comenzando por el transporte público”. Naturalmente, ése es un costo político que el Ejecutivo quiere eludir.
¿Tiene el ciudadano información sobre el costo de los carburantes en el mercado internacional? ¿Es la subvención la única causa de la escasez de dólares? ¿Por qué el Gobierno es incapaz de controlar el contrabando? ¿Cómo puede cualquier persona votar por el sí o por el no sin tener información amplia y transparente?

Finalmente, está la consulta sobre los escaños. Al respecto, Arce olvida que en la Cámara de Diputados la representación poblacional implica dos criterios: proporcionalidad (número de habitantes) y equidad (evitar mayores desventajas a departamentos con baja población). Con la fórmula de Arce, bastaría una regla de tres para que al menos el 70 por ciento de los curules se concentren en el eje troncal y los otros seis departamentos se contenten con migajas.  Todo por evitar una negociación política que es su reto y obligación.

Ahora el Tribunal Electoral tiene una delicada misión en sus manos. Puede aceptar, observar o rechazar los textos planteados por el presidente. La historia manda que los vocales actúen con idoneidad. Ojalá lo hagan.