El Gobierno y los cocaleros dijeron ayer que en el Polígono 7 debieran existir 400 hectáreas repartidas entre las 66 comunidades de productores de coca asentadas en el lugar, tras el saneamiento del INRA. Pero el informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) reportó que en 2017 había 1.109 hectáreas, por lo que el 64% de los cultivos de esa zona es ilegal y el saldo (36%) figura como legal, según la nueva ley de la coca.

El Parque Isiboro Sécure tiene doble estatus legal: es un área protegida bajo tuición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) llevó a cabo el saneamiento en el Polígono 7. El reporte de la Unodc cuantificó los datos de este último como parte del Trópico de Cochabamba y de acuerdo a la nueva Ley de la Coca. El 2016 tenía 1.233 hectáreas y el 2017 la producción se redujo a 1.109.

El director del Sernap, Abel Mamani, sostuvo una conversación con EL DEBER y más tarde envió un informe escrito. En la breve entrevista telefónica señaló que “formalmente poco más de 400 hectáreas están legalmente establecidas dentro de ese Polígono 7”. Cuando se le recordó el resultado del informe afirmó que “las autoridades que correspondan deberán tomas las acciones que correspondan”.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias controladas, Felipe Cáceres, un día antes de la presentación del informe, apostó que existían de 350 a 400 hectáreas, “no más”.

“Legalmente serían esas 400 hectáreas”, confirmó también por separado el dirigente cocalero de Isinuta y exsenador Julio Salazar.

Detalló que hay ocho centrales, alrededor de 60 comunidades asentadas en el lugar. “Cada una de ellas debe tener un cato. Los datos que maneja el Sernap y el viceministro son correctos”, dijo.

Pero cuando se le preguntó si es que habría que erradicar las 709 hectáreas de coca excedentaria que existen en la zona, respondió: “No creo. Hay tres campamentos de las fuerzas erradicadoras, el control es permanente”, acotó.

Luego cuestionó el informe de la Unodc. “Ellos calculan solo de forma satelital. En algunos casos confunden pastizales, naranjales, yucales con cato”.

El director del Sernap aseguró que la actividad cocalera, como otras, “generan un impacto en el ecosistema respectivo”.

Sin embargo, estableció que el Sernap no tiene competencia legal “para desafectar” el área en cuestión y cualquier otra a escala nacional, si fuera el caso.

Además, advirtió que personalmente acompañó y verificó dentro del Polígono 7, por invitación del viceministro Felipe Cácere,s en un par de ocasiones, “el avasallamiento de personas, sembradíos agrícolas y plantaciones de hoja de coca y se procedió a su erradicación y desalojo correspondiente, como ocurre ante cualquier denuncia” que se presenta a su oficina.