Bolivia atraviesa por un desorden institucional debido a las crisis judicial, legislativa, política y económica. Frente al complejo panorama, el presidente Luis Arce propuso a la población un referéndum en polémicos temas. El 6 de agosto, el mandatario planteó la consulta, para el mismo día de las elecciones judiciales, sobre la distribución de escaños parlamentarios, la continuidad de la subvención de combustibles y la reelección presidencial continua o discontinua.

Sin embargo, los tres temas causaron distintas reacciones entre actores políticos y analistas. El evismo y la oposición tradicional criticaron la iniciativa del mandatario y exhortaron la toma de medidas contundentes.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el economista Armando Ortuño y el analista José Luis Exeni hicieron un análisis sobre la situación del país y las decisiones del Gobierno en este contexto.

Ambos coincidieron en que el referéndum no es una salida positiva a la crisis debido a que no ofrece repuestas inmediatas ni aborda el problema de fondo que —en criterio de Ortuño— es la ausencia de gobernabilidad y el inicio de un problema económico que puede extenderse hasta dos años.

Ortuño sugirió tomar medidas y resolver los problemas a profundidad. Advirtió que, de lo contrario, se puede ingresar a una “crisis económica tortuosa en los próximos dos años”.

“Mínimo dos años”, acotó Exeni. Según Ortuño, a estas alturas, no hay respuestas. “Pasan las semanas y hay mucho entretenimiento y ‘performance’; pero al final, en lo concreto; es decir, certidumbre, seguimos igual”.

En la misma línea, Exeni afirmó que, en las últimas semanas, el panorama ha cambiado “para peor” y el contexto es aún más “difícil”. Consideró que el país atraviesa por un momento marcado por polarización, incertidumbre parálisis decisoria y una crisis de institucionalidad.

“Hay una altísima desconfianza y crisis económica, que empieza a ser evidente”, justificó.

Lamentó que, actualmente, la población viva en incertidumbre porque no sabe si habrá gasolina, diésel y dólares; ni sale cómo llegan a 2025. “Hay gran incertidumbre sobre el triple referéndum”.

En coincidencia, Ortuño aseguró que la propuesta del referéndum es una señal de que el Gobierno tenía que hacer algo porque, según dijo, está en “inercia política” desde hace meses. “No daba señales de vida, había que ver si existía. El 6 de agosto, Arce levantó la mano y dijo: ‘Existo’”.

“Se sacó esos tres engendros”, dijo respecto de las preguntas sobre subvención, escaños y reelección. Reclamó que el Gobierno utiliza un instrumento democrático para temas que generan complicación y conflictividad.

Exeni aseguró que, efectivamente, el referéndum movió ficha en el tablero y dio prueba de vida del Gobierno. “Se ha electoralizado la crisis y la incertidumbre”.

Explicó que el problema es que la administración de Arce “no puede convocar” a un referéndum, puesto que, en su criterio, solo existen dos vías para ejecutar el proceso: iniciativa popular y Asamblea Legislativa.

“Están forzando una sentencia constitucional de los magistrados para habilitar al presidente y darle una nueva atribución. Si lo logran, este referéndum será con nula legitimidad”, aseguró.

Sin embargo, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Gustavo Ávila explicó, en La Razón, que la Ley de Régimen Electoral señala cuál es el procedimiento para que el mandatario llame a la consulta.

El referéndum está normado por la Ley 026, de Régimen Electoral, que fue promulgada el 30 de junio de 2010, durante el gobierno de Evo Morales. El artículo 16 de esta ley señala que para convocar un referendo nacional se puede ir por tres vías, como lo recordó Ávila:

Por la presidenta o el presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto supremo.

Por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley aprobada por dos tercios de voto.

Por iniciativa popular, apoyada con firmas y huellas dactilares de por lo menos el veinte por ciento (20%) del padrón nacional electoral en el momento de la iniciativa. Este porcentaje debe incluir al menos el quince por ciento (15%) del padrón de cada departamento.

La Ley 026 señala que el procedimiento de la iniciativa presidencial es el siguiente: El presidente remitirá las consultas, mediante nota, al TSE, para la evaluación su técnica. Éste remitirá un informe técnico, en el plazo de 72 horas, al Órgano Ejecutivo, en el que podrá incluir, si amerita, redacciones alternativas a la pregunta para garantizar su claridad, precisión e imparcialidad.

Recibida la respuesta del TSE, el presidente del Estado remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la pregunta o preguntas a efecto de su control de constitucionalidad. Admitida la respuesta de esta instancia, si la iniciativa resulta constitucional, se emitirá el decreto supremo de convocatoria; si la iniciativa fuese declarada inconstitucional, se dará por concluido su trámite.

De ese modo, queda en duda si el presidente puede o no convocar a referéndum sin intermediación de la Asamblea Legislativa.

Temas. Ortuño aseveró que la pregunta respecto a los carburantes y la subvención es un tema que debe estar acompañado de una decisión del Órgano Ejecutivo. Sugirió que la determinación debe tener un programa económico, fiscal, con medidas monetarias y ajustes financieros.

“Seamos serios. Necesitamos un auténtico programa de estabilización integral. Todos (los encuentros e intentos de consensos) son parches; el país no está asumiendo el reto y la crisis se agravará”, señaló.

Exeni coincidió con su colega y dijo que el Gobierno no puede llevar la subvención de carburantes a un referéndum debido a que, su opinión, aquella responsabilidad es de mera competencia del Estado.

“No se puede convocar a referéndum con temas impositivos”, acotó.

Para Ortuño, hacer discutir a la población sobre los escaños es una irresponsabilidad porque, inicialmente, la población no entiende, en profundidad y claridad, la composición de la Asamblea Legislativa. “¿Qué nos van a hacer discutir?”, cuestionó.

Además, argumentó que ya se vienen los resultados del Censo de Población y Vivienda y, de acuerdo a la Constitución, la redistribución de escaños se hará en función a esa actividad. “Todas las proyecciones de los escaños, implican que, en el mejor de los casos, habrá cambio entre tres o cuatros escaños, máximo”.

De ese modo, supuso que se trata de que el Gobierno intenta aumentar cinco escaños para evitar que departamentos pierdan representación parlamentaria por un rédito político. “Es una salida para que ninguno pierda, ¿vale la pena?”.

En coincidencia, Exeni coincidió en que el país recibirá pronto los resultados del Censo. “Después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en 10 días, hará la redistribución por población y desarrollo económico”.

“Seguro, Santa Cruz ganará tres o cuatro escaños”, consideró.

Para Ortuño, la propuesta sobre reelección tiene que ver, directamente, con “la vida” del expresidente Evo Morales. “¿Vamos a hacer semejante relajo para definir la pelea en el MAS? Me siento ofendido si es para eso y que no se tome una decisión integral sobre la economía”.

“Creo que todos tenemos cosas más importantes”, remató.

En la perspectiva de Exeni, la reelección tiene nombre: Evo Morales. “Se está electoralizando la crisis e incertidumbre cuando necesitamos decisiones económicas y certidumbre. Éste es un factor que genera conflicto”.

(*)Andrea Condori es periodista