Entre los 139 candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que fueron habilitados para ser votados por la población en los próximos comicios judiciales, 22 son exfuncionarios, 10 tienen denuncias de diversa índole y tres encajan en el denominativo de magistrados autoprorrogados.

El pasado 7 de agosto, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remitió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de preparar los comicios, las listas oficiales de los postulantes al TCP, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Consejo de la Magistratura (CM) y al Tribunal Agroambiental (TA). 

El martes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó la convocatoria para las Elecciones Judiciales el próximo 1 de diciembre.

Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 realizó un trabajo de periodismo de datos y revisó los antecedentes de los entonces 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024 (En la parte inferior de la nota puede conocer los detalles de este proceso de investigación). Entre el lunes y martes, este medio revisó la data y las listas de candidatos que la ALP envió al TSE.

En este reciente trabajo se identificó que los tres magistrados autoprorrogados son Ponciano Ruíz Quispe, que pugna por un espacio en el TCP como representante de Pando, Mariana Montenegro Añez que también postula al TCP a nombre de Beni y Marvin Molina Casanova que aspira a llegar al TSJ en representación de Potosí.

El mandato de estos tres magistrados, al igual que de los otros que si bien no son postulantes, se encuentran ejerciendo el cargo, venció en diciembre del pasado año, porque en 2017 fueron elegidos para una gestión de seis años.

Sin embargo, el TCP emitió la declaración 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023, que señala: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”. Al amparo de esta resolución es que las autoridades judiciales, con excepción de algunas que renunciaron, aún permanecen en funciones.

En las listas iniciales de los candidatos a magistrados, los autoprorrogados eran nueve, quienes pretendían acceder a un alto cargo judicial; no obstante, luego de las diferentes fases del proceso de preselección solo quedaron tres en carrera.

En estás nóminas también se encontró que 22 postulantes fueron funcionarios bien del Gobierno nacional o de los gobiernos subnacionales, sobre todo de las gobernaciones.

Es el caso de Fabiola Arcani Herbas, quien trabajó en la Dirección del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Cochabamba, Domingo de Siles Layme trabajó en INRA de Chuquisaca y Edwin Almendras Vásquez quien ejerció funciones en el INRA en Cochabamba. Los tres postulan al Tribunal Agroambiental

Juan Carlos Arellano fue Oficial Mayor en la Cámara de Diputados en la gestión de Jerjes Mercado, Aldo Castro fue jefe de Gestión Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, Gabriela Araoz fue analista jurídica en Emapa, Ludgarda Martínez se desempeñó como directora de Recursos Humanos en la Gobernación de Chuquisaca, Nataly Ema Vargas trabajó en la Procuraduría General del Estado, María Ángela Ordoñez fue gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Jhonny Rocha fungió como asesor jurídico del gobierno departamental de Cochabamba. Estas personas postulan al Consejo de la Magistratura.

Amilcar Tolavi fue Oficial Mayor del Concejo Municipal de Sucre, Hilda Mora trabajó en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, Mineya Lucindo fue responsable jurídico de la Agencia Nacional de Vivienda, Adalberto Rojas se desempeñó en la jefatura regional del INRA de Santa Cruz, Paola Prudencio trabajó en la Gobernación de Oruro, Mariela Sánchez ejerció funciones en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Ellos postulan al TCP.

Mientras que Elizabeth Gutiérrez fue ministra de Justicia, Zacarías Valeriano trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Sandra Marañón ocupó un puesto en la Procuraduría General del Estado, Cándida Méndez fue personal de Aduana regional Cochabamba, Grover Roberto Gutiérrez perteneció al SIN, Juana Alarcón trabajó en una dependencia del Ministerio de Gobierno, fue también asesora de YPFB. Estos exfuncionarios postulan al TSJ.

Se identificó también a 10 postulantes que fueron denunciados por mala conducta y hasta por permitir la libertad de acusados de la comisión de un delito.

En este grupo se encuentran Víctor Hugo Claure, quien tiene un amparo constitucional en su contra, él postula al TA. Patricia Castillo fue denunciada por actos de corrupción y falta de ética, por lo que en la etapa de preselección fue impugnada; sin embargo, no fue apartada del proceso. Ella aspira al CM. Nataly Flores fue amonestada en una sentencia constitucional. Postula al TCP.

También está en la lista Israel Campero, quien es actualmente vocal del Tribunal de Justicia Departamental de La Paz y fue denunciado por prevaricato. Es además cuestionado por emitir fallos favorables al Gobierno y asumir una segunda función en un tribunal administrativo de la OEA. Él postula al TCP.

Favio Chocalla fue impugnado por una acusación por extorsión y mala conducta, Janete Castro fue procesada por incumplimiento de deberes, Roberto Parada fue denunciado por prevaricato, Romer Saucedo fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, Arminda Méndez fue denunciada por nepotismo, Carla Añez, por dejar libre a un hombre acusado por secuestro. Estas personas postulan al TSJ.

No obstante, entre los 139 aspirantes también se cuenta a un grupo que sin haber reunido los 130 puntos en todo el proceso fueron habilitados porque faltaban candidatos para completar las listas.

El diputado “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado, aseveró que se “habilitó a aplazados” porque no quedaba otra alternativa.

“Hay que decir la verdad a la gente. A los aplazados los hemos subido y hemos habilitado a varios aplazados (…) De los 36 postulantes preseleccionados (al TCP), 16 o 15 están aplazados. De las 16 mujeres, 13 reprobaron al igual que dos indígenas”, dijo Mercado el pasado 5 de agosto.

¿CÓMO Y QUÉ SE HIZO? Entre el 4 y el 12 de abril, un equipo de Visión 360 revisó los antecedentes de 405 postulantes a candidatos y candidatas para las elecciones judiciales 2024.  Sus nombres fueron rastreados en las nóminas de personal de diferentes entidades públicas y en el sistema de consulta de la Contraloría General del Estado. Se revisaron y verificaron las hojas de vida publicadas en el portal de la Vicepresidencia del Estado, además de los antecedentes de cada aspirante en reportes de prensa, edictos, resoluciones y sentencias. Se corroboró la militancia de cada postulante en el portal del Órgano Electoral Plurinacional. Con todos los datos obtenidos,  la redacción de este medio preparó una data que ahora libera para que la población tenga acceso a la información de los postulantes; este trabajo también incluye las hojas de vida de más de 350 aspirantes. Además, con el objetivo de hacer periodismo de datos, en este especial, Visión 360  presenta una serie de notas y reportajes que hacen una radiografía a los postulantes a este proceso.