Dos expostulantes al Consejo de la Magistratura presentaron amparos constitucionales en contra del proceso de preselección para las elecciones judiciales. Argumentan que la revisión de sus puntajes podría cambiar su situación. Sin embargo, las autoridades advierten que esta etapa ya concluyó con el envío de las listas de candidatos al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo que hace improbable que estas impugnaciones prosperen.

“Ellos pedían que se revise, justamente, la puntuación porque habrían quedado fuera de las listas. La lista de postulantes finales ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Sin embargo, la ley dispone el principio de preclusión, lo que implica que las fases vencidas son irrevisables y el proceso continúa”, explicó el director de Asuntos Legales del Senado, Israel Quino.

Quino destacó que el proceso ya avanzó más allá de la preselección y que el TSE aprobó la fecha de las elecciones judiciales programadas para el próximo 1 de diciembre. “Ahora ya no estamos en un proceso de preselección, estamos en la elección”, enfatizó.

El director de Asuntos Legales del Senado señaló que se está a la espera de la notificación oficial para conocer la decisión final de los operadores de justicia sobre estos amparos. A pesar de ello, expresó su preocupación por la posibilidad de que el proceso electoral sea vulnerable a acciones legales que podrían desestabilizarlo.

“Estas acciones demuestran que el proceso electoral es permeable. Es decir, que una acción de defensa mediante un fallo judicial podría desestabilizar el proceso. Esto, lamentablemente, está abierto”, advirtió Quino.

Los amparos fueron presentados por jueces mixtos de Sorata y Coroico, quienes argumentan que sus antecedentes deben ser reevaluados para recibir una calificación más alta. Aunque estos jueces consideraron que una fase precluida podría ser revisada, Quino subrayó que las autoridades judiciales otorgaron la tutela a pesar de que el proceso ya no puede retrotraerse.

Finalmente, Quino aclaró que como demandados en estos amparos figuran los miembros de la comisión mixta de Justicia Plural y que estas acciones legales se activaron en la última semana antes de la decisión final de la ALP, que habilitó a los postulantes para las cuatro principales instituciones judiciales del país.