“Los extraños y ajenos no entran a nuestro territorio”. Ironía. O, más bien, cinismo.

El domingo 19, Gumercindio Pradel –representante de los colonos en el TIPNIS– argumenta de esta manera el bloqueo y posterior retención de la comisión del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza, que pretendía ingresar al Polígono 7 del parque Isiboro Sécure para evaluar las denuncias de su vulneración, realizadas por representantes de las comunidades indigenas originarias de ese territorio.

Pradel lideró el cerco en el puente de Isinuta, al tiempo que prohibía el uso de celulares o de cámaras, limitando la labor periodística que cubría este acontecimiento, y asumiendo un cuestionable sentido de propiedad, cuando representa a los colonos.

No es la primera vez que este dirigente contradice las demandas de los pueblos originarios del TIPNIS. Hace cinco años, como cacique del Conisur (Consejo Indígena del Sur) fue castigado por los corregidores de ese territorio, pues “junto a Carlos Fabricano han permitido la injerencia del Gobierno (…) intentando borrar de un plumazo los dos años del movimiento indígena” (voto resolutivo, 2013). Impulsaba el proyecto gubernamental de carretera, que partiría el parque, vulnerando los derechos de los originarios.

Ahora, esta posición se mantiene en Pradel y en otros líderes, supuestamente indígenas, al impedir el curso de una legítima y necesaria investigación… ¿Por qué?

Es difícil plantear respuestas a esta interrogante, dado el impedimento de la mencionada pesquisa. No obstante, las posteriores declaraciones del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, que afirman que “en el Polígono 7 evidentemente han sido beneficiados con el cato de la hoja de coca (y que) se han encontrado pozas de maceración”, así como las del actual dirigente del Conisur, Jacinto Noza, que sostiene que “hay cocales desde hace mucho tiempo”, en esa región, son una pista para entender el bloqueo.

Cabe mencionar que este polígono está dividido del resto del TIPNIS. Sin embargo, el incremento de los asentamientos de los colonos, “extraños” como bien podría decir Pradel sobre su propio sector, han rodeado 14 comunidades indígenas originarias, gracias a una expansión creciente.

Y como han denunciado varios pobladores y representantes de las comunidades indígenas, la labor de estos colonos está centrada en el cultivo de la coca. Muestra de ello son las declaraciones de Cáceres y Noza, así como la creación de sindicatos cocaleros en el polígono.

Asimismo, hace casi un año, el Fobomade (Foro Boliviano sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) indicó que 60% de los bosques (120 mil hectáreas) de este polígono fueron deforestados para cultivar coca. “Ahora, se pretende que la gente de este mundo (TIPNIS) baile a otro ritmo, que la selva se transforme en cocales y los ríos en basureros de negro hidrocarburo”, son las palabras del explorador y escritor Giusseppe Iamele, que resaltan en el epílogo de una publicación de esa organización.

Esta transformación ambiental, política y cultural no sólo contradice los derechos de los pueblos originarios del TIPNIS, sino el compromiso asumido por ocho dirigentes cocaleros de las seis federaciones del trópico de Cochabamba para la erradicación de cocales, el 3 de octubre de 2004.

Como indica una reciente nota de Andrés Gómez Vela, el documento que respalda ese acuerdo indica en su punto sexto que “toda la coca existente en los Parques Nacionales, Isiboro Sécure y Carrasco, será totalmente reducida”.

Y la firma que encabeza este acuerdo, por parte de los cocaleros, es la del presidente de esas federaciones, el actual presidente del Estado boliviano, Evo Morales Ayma.

Dado el reciente y entusiasta interés de este último para lidiar con la mentira en el país, sugiero que aproveche el ímpetu para responder las múltiples dudas que tenemos los bolivianos: ¿Qué paso con todos los compromisos, acuerdos y líneas políticas que él, su gobierno y su partido plantearon para defender la Madre Tierra, los pueblos indígenas y para preservar el cultivo de coca en el marco de lo legal y legítimo? ¿Por qué el deseo inquebrantable de ese proyecto de carretera? ¿Quién controla a los cocaleros en el TIPNIS? ¿Por qué no hubo presencia policial en el bloqueo, salvo cinco horas después que iniciara? ¿Estaremos protagonizando un nuevo proceso colonial… la colonia de la coca?

Se le agradecería las respuestas, señor Presidente.

Guadalupe Peres-Cajías es docente universitaria y especialista en investigación en comunicación.