Después de que los integrantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza fueran retenidos durante seis horas, sin almorzar, sin poder ir al baño y, sobre todo, sin poder circular libremente por parte del territorio boliviano, quedó establecido que el Polígono 7 es un territorio sin ley o, peor aún, que se rige por sus propias leyes. Es una especie de Estado dentro del Estado boliviano.

La retención se produjo con el argumento de que los integrantes de la comisión no pidieron permiso para ingresar a ese territorio. Sobre ese tema, dos consideraciones. Por un lado, en ninguna parte del territorio nacional, a excepción de las fronteras, se debe pedir permiso a nadie para circular y ejercer libremente los derechos. Por otro lado, los miembros del Tribunal recibieron una invitación de parte del máximo dirigente de la zona, Jacinto Noza, para hacer la respectiva visita.

Antes de llegar al ahora tristemente célebre Polígono 7, la comisión visitó la comunidad de Trinidadcito, en el corazón del TIPNIS, donde recibió denuncias de parte de los indígenas sobre las violaciones a los derechos de la naturaleza con la decisión de construir una carretera por el parque y también sobre la vulneración de los derechos de las personas, cuyo punto culminante se vivió en la represión de Chaparina.

Los corregidores que se dieron cita en Trinidadcito están en contra de la carretera, por lo que la comisión se desplazó para conocer la versión de quienes están en contra de la construcción de la vía. Sin embargo, la comitiva fue esperada con hostilidad y con el consiguiente bloqueo del ingreso.

No es la primera vez que llegan noticias en ese sentido desde ese punto del país. Ya el año pasado, un equipo periodístico de Página Siete fue perseguido cuando ingresó a la zona para hacer un reportaje que luego sería premiado por la Asociación de Periodistas de La Paz. La diferencia es que en esta ocasión los visitantes eran tan célebres que la noticia cruzó las fronteras.

Alberto Acosta, miembro del Tribunal, preguntó tras esos hechos qué se esconde en el Polígono 7. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, tuvo que admitir que en la zona no sólo existen plantaciones de coca, sino que también fueron halladas pozas de maceración, es decir, fábricas de cocaína. Explicó que, tal como sucede en el Chapare, los colonizadores del Polígono 7 tienen un cato cada uno, llegando a 400 hectáreas de coca.

Luego, la ONU precisaría en su informe sobre la producción de coca del 2017 que en el Polígono 7 existen más de 1.000 hectáreas, aunque en el último año se había producido una leve disminución de las plantaciones.

Estos datos vienen a confirmar lo que Página Siete reveló el reportaje elaborado en la zona; que el Polígono 7 está poblado ya no por indígenas, sino por cocaleros, que convirtieron a los primeros en sus peones. Un informe del Foro Boliviano de Medio Ambiente (Fobomade) estableció además que ya se produjo la deforestación del 60% del Polígono, para dar paso a las plantaciones de coca.

En el lugar, además, se levantan puentes de cemento que darán paso a la carretera que tanto ansía el Gobierno.

La respuesta para Alberto Acosta sería que el Polígono 7 esconde coca, cocaína, colonización depredadora y sometimiento de los colonizadores a los indígenas. El proyecto de la carretera, por muy ecológica que se muestra en el proyecto (un obvio eufemismo), busca ampliar este estilo de vida hacia el interior del TIPNIS y para ello cuenta con el apoyo del Gobierno central.

Justamente ese avance es el que quieren evitar los indígenas que aún viven de la caza, la pesca y en plena armonía con la naturaleza.

Son esas dos realidades las que vino a constatar el Tribunal de la Naturaleza, que si bien no tiene un mandato de ningún organismo internacional, tiene fuerza moral y ética para emitir un fallo respecto a la denuncia de violación de derechos de las personas y de la naturaleza. Y, de paso, pudo comprobar que existe un territorio sin ley.