El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) irrumpió en una jornada repleta de reuniones. La convocatoriaa conferencia se produjo después de las 19:00. La atención, hasta ese momento, estaba centrada en la reunión del Gabinete Social y los diversos encuentros sostenidos en Santa Cruz.

Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, lanzó la bomba. Las elecciones judiciales se realizarán el 1ro de diciembre. El anuncio pone fin a dos años de incertidumbre respecto a la renovación de las autoridades judiciales en el país.

Asegura que “se han tomado todas las previsiones, incluidas las del presupuesto que siempre es un tema importante”. Hassenteufel hace una salvedad. La actual situación del país y la inestabilidad económica también se han debatido en sala plena. No descarta “pedir algún pequeño apoyo” si lo amerita.

Desde el TSE entiende la importancia de consolidar el proceso electoral. “Necesitamos llevar adelante esta elección, necesitamos tener los órganos de justicia funcionando a partir del 2 de enero de 2025”, afirma su presidente.

Referéndum

El anuncio de referéndum realizado por el presidente Luis Arce en su discurso del 6 de agosto altera el calendario electoral del TSE. El mandatario adelantó que la consulta se implementaría el mismo día que las elecciones judiciales

Inmediatamente, la corriente evista del MAS demandó la reactivación de las elecciones primarias con el argumento de que si es posible administrar dos procesos, por qué no un tercero.

Hassenteufel fue claro al referirse a la realización de la consulta planteada por Arce. “Por ahora no creo que debamos hablar del referéndum porque es algo que está ahí como idea. Todavía no hay ningún avance”, concluyó.

Sin embargo dejó establecido que “no tenemos problema por llevar adelante dos procesos”. Eso sí, marca una diferencia entre ambas elecciones. “Una primaria tiene una característica política y una elección judicial no debería estar contaminada por elementos políticos”, puntualizó.

El 10 de julio, el TSE acordó con los partidos y agrupaciones políticas garantizar las elecciones generales de 2025 y suspender el proceso de elecciones primarias para priorizar las elecciones judiciales. Resta la aprobación de la ley en el Senado para poder dar curso al acuerdo suscrito

Consulta a la Asamblea

La definición de la fecha cierra un ciclo de incertidumbre respecto a la renovación de las autoridades judiciales. La última complicación surgió con la entrega final de las listas. En algunos departamentos no se respetaban los criterios de paridad y equidad.

Francisco Vargas, vicepresidente del TSE, aclaró en el programa ¡Qué Semana! que se emite por EL DEBER Radio, que solicitaron al órgano legislativo una aclaración al respecto.

“La Asamblea nos ha hecho llegar una respuesta donde se nos aclara los criterios de paridad y equidad de género. Esa equidad no hay que manejarla departamento por departamento, sino en función de la totalidad”, argumentó el presidente del TSE en la conferencia.

La respuesta ofrecida por la ALP se respalda en la ley 1549, ley especial de aplicación preferente. La norma recoge consideraciones de excepción para facilitar el proceso y avanzar hacia la elección de las autoridades judiciales.

En diciembre, se elegirá a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y los miembros del Consejo de la Magistratura.

Los “autoprorrogados”

La selección de candidatos para las elecciones judiciales se ha demorado más de un año. El mandato de las actuales autoridades judiciales fenecía el último día del 2023. Sin embargo, el proceso de selección por parte de la ALP fue constantemente boicoteado con más de 30 amparos constitucionales.

Las interrupciones al proceso de selección se remontan a abril de 2023. Una Acción de Amparo Constitucional presentad en una Sala Constitucional de Beni suspendió todo el proceso de preselección dejando sin efecto el reglamento y la convocatoria.

La demora fue aprovechada por los magistrados del TCP. El 13 de diciembre de 2023, emitieron una Declaración Constitucional que “dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del TCP entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Esa declaración del TCP se dio en medio de la disputa interna en el MAS entre evistas y arcistas. No lograron ponerse de acuerdo en aprobar una ley transitoria para las elecciones Judiciales.

La decisión de prorrogarse en sus cargos fue calificada por la oposición como “un golpe a la democracia, al estado de derecho y a la Constitución” ya que, en ningún momento, la Asamblea Legislativa les consultó si ellos debían o no debían quedarse en sus cargos después de cumplir su mandato constitucional.

La declaración emitida por el TCP nace de una consulta realizada por el Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad de dos artículos de dicho proyecto de ley, y en su documento de respuesta, además de declarar inconstitucionales esos artículos, los magistrados decidieron prorrogar sus mandatos.

El cuestionamiento constante a los magistrados “autoprorrogados” se ha constituido en un foco permanente de disputa en la Asamblea Legislativa Plurinacional.