Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: lunes 12 de agosto de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones Primarias
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El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) rechazó la propuesta del presidente Luis Arce de convocar a un referéndum, a la que calificó como “una burda maniobra que pretende vulnerar el Estado de derecho para modificar la Constitución, suprimiendo la labor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)".
Además, dice el Conade, esa consulta “pretende dar legalidad a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que usurpan funciones y se auto prorrogaron en contra de lo expresamente dispuesto por la norma constitucional”.
Esa entidad emitió este lunes un comunicado en el que recuerda que ya hubo una consulta en febrero de 2016 sobre la reelección y el Movimiento Al Socialismo (MAS) no respetó los resultados. “Corresponde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplique de forma plena y obligatoria dicho referendo, la sentencia constitucional 1010/2023 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que niega le reelección como derecho humano”, dice el texto.
El pronunciamiento señala que levantar la subvención a los hidrocarburos es responsabilidad del Gobierno, y que se trata de “una decisión técnica ineludible”. Traspasar está decisión a la ciudadanía -se señala en el comunicado- “sólo esconde la intención de Arce de cuidar su imagen con miras a las elecciones generales de 2025”.
“En caso de ser negativo el resultado de esa consulta pondría un candado al próximo gobierno en esta materia, evitando la gestión real de la economía. De todas maneras, en los hechos, al crear los nuevos tipos de gasolina a mayor precio ya ha lanzado un gasolinazo encubierto, junto a la autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para que empresas de diversos rubros puedan ‘importar combustible al país por sus propios medios’”, se lee en el texto
Sobre los nuevos escaños, el comunicado dice que se debe respetar la representación política departamental, urbana y rural a nivel de los diputados uninominales, ajustados a su crecimiento poblacional. “En consecuencia, debe respetarse la agenda democrática boliviana y el Gobierno debe asumir medidas para resolver la crisis”.