Analistas: devolución de listas de candidatos por el TSE pondría en riesgo las judiciales

La devolución de listas de candidatos para las elecciones judiciales por el Tribunal Supremo electoral (TSE) inviabilizaría el proceso, señaló el abogado constitucionalista y exmagistrado, Marco Antonio Baldivieso.

El jurista explicó que el proceso de las elecciones judiciales fue el más complejo  y “tortuodo” que hubo debido a los intereses políticos y de las autoridades autoprorrogadas en los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional  y del Òrgano Judicial.

A juicio del exmagistrado, la única solución para recuperar la institucionalidad del TCP y del OJ es la elección de nuevas autoridades a través del voto ciudadano. “Lo peor que puede suceder es mantener a los autoprorrogados”, sostuvo.

Por lo tanto, señaló que el TSE no puede observar las listas presentadas por el Legislativo porque fueron aprobadas por “mayoría calificada”, es decir, por más de dos tercios. “Es una decisión legitimada”, señaló.

Lo que corresponde al TSE es viabilizar el proceso eleccionario en todo el país.

Para Baldivieso, el TSe no puede constituirse en un obstáculo a las elecciones judiciales. “Sería pernicioso”, dijo.

El vocal del TSE, Tahuichi Rahuichi Quispe señaló que  las cuatro listas deben cumplir “tres condiciones básicas”: que estén completas, que reflejen “paridad de género, mitad de hombres y mitad de mujeres” y “que tenga la incorporación de un indígena ya sea varón o mujer”.

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerges Mercado, se reunión con el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y le solicitó reducir el plazo de 150 días para organizar las próximas elecciones judiciales.

Mercado acompañó a la delegación de la Vicepresidencia del Estado que entregó el miércoles a las autoridades del TSE las listas de los candidatos seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para participar de las elecciones judiciales.

Autoridades autoprorrogadas

Las actuales autoridades judiciales ampliaron su mandato de manera indefinida ante la falta de elección de sus sucesores, que debió darse en 2023.

De acuerdo con una sentencia constitucional dejarán sus cargos a las autoridades elegidas por el voto ciudadano.

La decisión de duramente cuestionada.