Hoy se cumplen 30 años de la declaración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En Bolivia, la lucha indígena, que comenzó años antes con la histórica marcha de 1990 para el reconocimiento pleno de sus derechos a la tierra y territorio, autonomías, justicia y consulta previa, hoy tiene aún mucho camino por recorrer, según explica Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra, regional Oriente.

“La marcha de 1990 se realizó bajo la consigna de territorio y dignidad, términos que encapsulaban las demandas de los pueblos indígenas de ser reconocidos no solo como comunidades productivas sino como pueblos con derechos colectivos inherentes (…). Durante décadas, estos pueblos fueron denominados de manera peyorativa como grupos marginales o bárbaros, sin que se les reconociera su estatus como sujetos de derecho”, rememoró.

“LENTOS” AVANCES

Uno de los avances más significativos desde entonces fue la reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009, que reconoció a los pueblos indígenas como «naciones y pueblos indígena originarios».

Este reconocimiento constitucional no solo admitió la existencia de estos pueblos y sus culturas, sino que también afirmó que tienen derechos precedentes al Estado boliviano, lo que representó un gran salto en términos de derechos colectivos.

En cuanto a la demanda de tierras y territorios, la marcha del 90 marcó el inicio de un proceso que, en las últimas tres décadas, ha resultado en el reconocimiento de una cuarta parte del territorio boliviano como tierras indígenas.

Según Vadillo, alrededor de 13,5 millones de hectáreas en las tierras bajas y 12 millones en las tierras altas han sido reconocidas como territorios indígenas. Este avance es monumental, pero no está exento de nuevos desafíos.

Otro de los problemas se presenta con la autonomía indígena, que es uno de los derechos reconocidos por la CPE, la cual avanzó lentamente. En 15 años, solo tres autonomías indígenas han sido establecidas en Bolivia, un progreso que Vadillo describe como lento y complicado.

Este proceso enfrenta el desafío de una ley de autonomías que, por el momento, invierte las relaciones históricas, exigiendo que los pueblos indígenas demuestren su capacidad de gestión y organización según los estándares estatales, en lugar de que el Estado se adapte a las particularidades de cada pueblo.

Otro aspecto crítico es el derecho a la consulta previa, libre e informada, un mecanismo fundamental para que los pueblos indígenas puedan decidir sobre el tipo de desarrollo que desean en sus territorios.

Aunque este derecho está consagrado en la ley, en la práctica ha quedado reducido a un mero trámite administrativo, lo que mina la capacidad de los pueblos indígenas para proteger sus territorios y modos de vida.

Finalmente, el último tema está referido a la justicia indígena, también reconocida en la Constitución, y que es otro campo donde los avances han sido mínimos.

Vadillo subraya que no puede existir un verdadero Estado plurinacional si no se respeta y se implementa plenamente la justicia indígena en cada uno de los territorios y pueblos. Hasta ahora, este reconocimiento ha quedado mayormente en el plano del debate, sin una implementación efectiva.