El 6 de agosto pasado, el presidente Luis Arce emitió un discurso a la nación en el que propuso un referéndum para decidir sobre la subvención de hidrocarburos, los escaños parlamentarios y la reelección. Es decir, no toma decisiones sobre estos temas y, como presidente, ¿no resulta contradictorio que delegue estas decisiones a la población?

Desde el año 2020, más de 2,7 millones de bolivianos que no votamos por el actual presidente vemos cómo, en lugar de liderar con decisión, el supuesto capitán del barco, se lava las manos y pretende consultar a la población sobre asuntos que son responsabilidad suya y de su gabinete.

Sin embargo, al considerar los antecedentes del Gobierno del Movimiento al Socialismo durante casi 20 años, la convocatoria a un referéndum puede parecer una estrategia para presentarse como una gestión más democrática, que decide "junto al pueblo". Pero, sin institucionalidad ni un ejercicio pleno e independiente de los cuatro poderes del Estado, ¿son confiables los resultados de un referéndum? Recordemos la frase de Stalin: “No es quien vota lo que cuenta, es quien cuenta los votos”.

El MAS busca que se crea que existe democracia plena en el país, mientras simultáneamente desmantela la asamblea legislativa y convierte a los jueces en meros serviles. La “institucionalidad” parece ser una palabra extraña en medio de la multicrisis que enfrenta el país, donde falta información concreta en muchos aspectos, especialmente en el económico. Esto contrasta con la detención de personas por opinar sobre una danza o la persecución de librecambistas por vender dólares, sin olvidar a los más de 200 presos políticos.

En cuanto a la afirmación del ministro de Economía sobre que, al cortar una mano, se debe pedir el consentimiento del paciente, haciendo un paralelo con el referéndum, el ministro está equivocado; su comparación no tiene sentido.

Desde 2006, el MAS ha gobernado Bolivia y ha deteriorado el país. Bolivia, en este contexto, ha sido golpeada, desvalorizada y corrompida hasta el tuétano por corrupción, clientelismo y prebendas, está ciega por la falta de justicia y sin manos porque solo funciona lo que les conviene (empresas, medios de comunicación). Bolivia está ahora en estado crítico, en terapia intensiva. Las autoridades deben hacer lo que se supone saben y deben hacer, así como los médicos hacemos todo lo posible.

Quienes gobiernan Bolivia han permitido que el paciente se complique, que sienta dolor y frustración. En lugar de enfrentar la enfermedad cuando era posible, han ignorado los problemas y hecho lo que les convenía en lugar de lo que se necesitaba para salvar al paciente: el gran robo del Fondo Indígena, el mal uso del dinero en prebendas, empresas deficitarias, regalos a sus aplaudidores y azuzadores de conflictos en el Parlamento, la construcción de elefantes blancos y museos en honor a su caudillo, y otros hechos que han dañado al país.

Señores gobernantes, Bolivia se está muriendo. Está en terapia intensiva y ustedes no han hecho nada para evitar su deterioro. Les corresponde actuar para salvar a Bolivia: decidir.