Con relación a la subvención, el experto Urenda observó que esa es competencia del Gobierno, porque tiene que ver con políticas económicas que no pueden ser definidas por un referéndum.

El presidente Luis Arce en el discurso pronunciado el martes 6 de agosto, en la Casa de la Libertad en Sucre. / Foto: Ahora El Pueblo

El anuncio de llevar a la población boliviana a un referéndum para consultarle sobre la distribución de escaños y el hecho sobre si se levanta o no el subsidio a los hidrocarburos, es un “absurdo”, porque en el primer caso lo que se debe hacer es respetar la ley vigente y en el segundo caso, el Gobierno debe ser el que asuma la decisión, consideró el analista Juan Carlos Urenda.

“Tienen problemas de fondo y de forma, por lo tanto, son un absurdo. Los problemas de fondo tienen relación con que son innecesarios, porque en el caso de los escaños hay una ley que hay que cumplir simplemente. La ley establece una proporción de escaños en relación a la población”, afirmó en contacto con eju.tv.

Precisó que, además, ese tema tiene que ver con el incremento de escaños para el departamento de Santa Cruz, por la migración permanente que recibe del resto del país, por tanto, es un tema que va a generar un conflicto con los cruceños y eso es algo ineludible.

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Con relación a la subvención, observó que esa es competencia del Gobierno, porque tiene que ver con políticas económicas que no pueden ser definidas por un referéndum. Si hay mucho dinero, se puede subvencionar, pero si no lo hay, no se lo puede hacer, ya que resulta que una consulta establece una condicionalidad permanente.

“Las políticas económicas tienen que responder a las circunstancias que vive el país y sería un absurdo que un referéndum establezca que, por ejemplo, para siempre tiene que haber subvención. Entonces resulta que para cambiar eso mañana, tendremos que hacer otro referéndum, por eso es un absurdo, desde el punto de vista de fondo”, señaló el experto.

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En conclusión, Urenda indicó que para hacer referéndums, en este caso para los escaños, se requieren de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y debe ser hecha por dos tercios de los parlamentarios, ya que se hará una reforma parcial de la Constitución Política del Estado. No obstante, cuestionó que el mismo se lo quiera hacer utilizando nuevamente a los autoprorrogados, para que dicten una sentencia constitucional, misma que va en contra de la Carta Magna.

“Finalmente, hay un aspecto de orden político, es decir, esto no va a solucionar el problema acuciante que vive el país  como es el dólar o el diésel, lo único que va a generar es confrontación, pérdida de tiempo, gasto de dinero para ese referéndum”, agregó.