El diputado por el Movimiento al Socialismo (MAS) del ala arcista, Juan José Jáuregui, presentó el pasado 10 de julio una acción de inconstitucionalidad abstracta con el fin de que los referendos no tengan que pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La medida fue explicada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien señaló que se busca evitar que las preguntas de los referendos sean “secuestradas” por los legisladores.

La acción fue aceptada el 16 de julio, semanas antes del anuncio del presidente Luis Arce de convocar a un referendo que tiene la intención de consultar sobre la subvención a los combustibles, los escaños parlamentarios y la reelección presidencial continua y discontinua.

«Solicita se admita la acción de inconstitucionalidad abstracta y se declare la inconstitucionalidad de los art. 152 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), y 23 penúltimo párrafo de la Ley de Régimen Electoral (LRE) por contraponerse a los artículos 7, 109.1, 178.1 y 411.II de la CPE», detalla el petitorio de la acción presentada por Jáuregui.

El artículo 411, parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) establece: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.”

El legislador arcista busca que los artículos que establecen el procedimiento para presentar una propuesta de reforma parcial de la Constitución, que “tendrá como origen la iniciativa popular o una ley de reforma de la Asamblea Legislativa» sean declarados inconstitucionales.

Esta medida fue empleada considerando que el Gobierno no ha logrado, hasta el momento, que la Asamblea Legislativa apruebe créditos por mil millones de dólares que hace un año se encuentran en la Asamblea. Incluso, el Senado rechazó un crédito para ampliar la línea café del teleférico.

El ministro de Justicia, Iván Lima, reconoció que se está “revisando” a nivel constitucional el procedimiento para convocar a referendo. Lima dijo que el Gobierno buscará un “diálogo” con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), pero “no necesita” de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

«El presidente va a poder convocar al referéndum con las reglas actuales, y lo puede hacer mediante decreto supremo, pero queremos cualificar, mejorar el proceso, y si la Asamblea quiere participar, está invitada, pero no nos va a volver a secuestrar, no vamos a tener una Asamblea que bloquee el desarrollo, que bloquee créditos, que bloquee reformas estructurales al Estado, no lo vamos a permitir”, aseguró Lima, mostrando el auto constitucional del 16 de julio. (Brújula Digital)