El gobierno del presidente Luis Arce decidió dejar a Evo Morales solo y expuesto en por lo menos dos temas que podrían afectarlo directa o indirectamente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no aceptó la prórroga solicitada por Bolivia para cumplir con las recomendaciones emitidas en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, por lo que el caso pasará a la CIDH, donde será tratado sin interferencias, no protección política.

El segundo tema tiene que ver con la solicitud planteada por la Cancillería de Bolivia para que el Tribunal Supremo de Justicia trate la Extradición promovida por Estados Unidos en contra del ex jefe de la FELCN en el gobierno de Morales, Maximiliano Dávila, requerido desde 2020 por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, acusado por los delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos relacionados con armas de fuego.

Se trata de dos asuntos delicados que involucran a ex autoridades del gobierno: a quienes, en abril de 2009, por orden de Evo Morales, formaron parte de las fuerzas de seguridad que ingresaron al hotel Las Américas y a un exjefe antidrogas que fue capturado en enero de 2022 en la frontera con Argentina cuando pretendía huir a ese país. El Ministerio Público acusó en principio a Dávila por el delito de “ganancias ilícitas”, pero ahora el gobierno se abre a impulsar el proceso de extradición del policía a Estados Unidos por narcotráfico.

A los efectivos que operaron en el hotel Las Américas la madrugada del 16 de abril de 2009 se los sindica de haber ejecutado a Eduardo Rózsa-Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro-rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés.

La versión oficial señaló en principio que los tres fallecidos habrían ofrecido resistencia armada cuando los agentes de seguridad ingresaron en las habitaciones del hotel, pero el análisis forense reveló luego que las víctimas habrían sido ajusticiadas, por lo que sus familiares iniciaron una larga peregrinación por los tribunales internacionales hasta lograr un pronunciamiento de la CIDH.

En ese momento, el gobierno boliviano denunció que el grupo extranjero había sido contratado para organizar la defensa y eventual “separación” del departamento de Santa Cruz, pero se supo después, a través de una filtración de reportes diplomáticos, que los extranjeros en realidad habían sido contactados por el área de inteligencia del Estado boliviano. El caso Rosza finalmente quedó cerrado en 2020 y todos los acusados absueltos.

¿Qué es lo que debe preocupar a Evo Morales? Pues ahora será un tribunal internacional el que determine el grado de responsabilidad del expresidente, sus ministros y otras autoridades en el operativo en el que perdieron la vida Rosza y otros dos extranjeros.  La demora del gobierno de Luis Arce en la aplicación de las cuatro recomendaciones planteadas por la CIDH a Bolivia – reparar las violaciones cometidas, tomar medidas de atención física y mental, prevenir que se produzcan hechos similares y sancionar a los responsables -, dejó a Morales y sus colaboradores en manos de un tribunal internacional.

En cuanto al ex jefe de la FELCN, Maximiliano Dávila, si se concreta su extradición a Estados Unidos, queda abierta la posibilidad de que, en su comparencia ante la justicia estadounidense, pueda compartir información comprometedora para diferentes niveles del gobierno de entonces, incluido el exmandatario, quien en las últimas horas aseguró que no conocía a Dávila antes de su posesión y que la solicitud de extradición que pesa sobre éste es un “pedido político” de Luis Arce.

La suerte de Morales ya no depende del gobierno, ni de su partido. Las disputas internas en el MAS son casi suicidas, porque han golpeado al Ejecutivo, limitado su capacidad de gestionar la profunda crisis económica y destruido a sus principales líderes. La crisis ya le pasó una costosa factura política a Arce y el pasado comienza a pesar dramáticamente sobre el futuro de Evo.  Con la debilidad viene el tiempo de rendir cuentas.