De 538 casos de violencia y acoso político, diez llegaron a una sentencia ejecutoriada en diez años de vigencia de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. El 62% de las denuncias, por vía penal, corresponde a actos cometidos por hombres, según datos de la Coordinadora de la Mujer

En alianza con el Comité de Género del Órgano Judicial y la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), la Coordinadora presentó el estudio “El acoso y la violencia política en el sistema de justicia penal en Bolivia”, que exhibe los resultados de la vigencia de la ley que combate el acoso y violencia política a las mujeres en cargos electos.

“La investigación hizo un análisis de procesos iniciados en la vía penal desde que entró en vigencia la Ley 243 (en 2012) hasta diciembre de 2022. En ese periodo, según datos del Consejo de la Magistratura, se registraron 538 procesos, de los cuales seis llegaron a sentencia y diez a resoluciones ejecutoriadas”, dice el informe, citado por el medio estatal Ahora El Pueblo.

Según el estudio, de las 538 denuncias 29% corresponde a denuncias de acoso político y el 71% a violencia política. “Aunque el acoso político es parte de la violencia política, presenta más dificultades de ser visibilizado como delito y de acceder a bases probatorias”, señala el trabajo.

De acuerdo con el documento, en relación a la situación de casos de violencia y acoso político en el sistema penal, solo diez casos de 538 tienen sentencia ejecutoriada; seis están con sentencia; en etapa preliminar, se encuentran 237 casos, la mayoría de ellos en La Paz. 98 casos están con apelación incidental y un caso fue extinguido, según los datos del Consejo de la Magistratura.

Según refiere el citado medio, los hechos de acoso y violencia política no solo afectan la integridad física y psicológica de las mujeres, sino que también compromete su permanencia en los cargos públicos, lo que deriva en la poca o ninguna visualización de sus aportes y resultados políticos.

Uno de los primeros casos en contar con sentencia fue el de la excandidata a gobernadora Felipa Huanca contra el exdiputado y excandidato a gobernador por La Paz Rafael Tata Quispe por el delito de acoso político. En febrero de 2021, Quispe fue sentenciado a dos años de cárcel por el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, pena que, sin embargo, no cumplió.

El 62% de los casos denunciados por vía penal corresponde a actos cometidos por hombres; el 8% por mujeres y el 19% tiene como posibles autores a hombres y mujeres.

“Los delitos de acoso político y violencia política por lo general no son cometidos por una sola persona, son delitos en los que es más frecuente la participación de varios sujetos, en particular cuando se trata de actos de hostigamiento y acoso”, señala el estudio.

Entre los principales argumentos de rechazo de denuncias, los más frecuentes tienen que ver con el hecho de que la investigación no aportó elementos suficientes para una acusación y que las mujeres en situación de violencia proporcionaron información incompleta.

El hostigamiento (acoso, persecución) es la figura más denunciada por la vía penal, en segundo lugar están las amenazas y luego figura el daño a la imagen pública.