A un año del bicentenario de la independencia de Bolivia, a celebrarse el 6 de agosto de 2025, el país encara una crisis económica, política, judicial e institucional. Por ello, es el momento de cambiar el modelo económico y encarar un gran acuerdo nacional, coincidieron los analistas.

La falta de dólares, la escasez de combustible y la desinstitucionalización generan conflictividad social traducida en bloqueos, marchas y protestas de distintos sectores, como los gremiales, transportistas, médicos y maestros.

Etapa inicial

Para el economista Roberto Laserna, la crisis está en su etapa inicial y puede empeorar. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que mientras más se demore en enfrentarla, más alto será su costo social y económico.

A juicio de Laserna, debe encararse un programa mínimo y de emergencia que tiene que ver con la reducción del gasto fiscal, la eliminación de regulaciones, la apertura de fronteras, la liberación de los mercados y una reforma rápida del sistema judicial y del electoral.

Para la politóloga María Teresa Zegada, las primeras señales de la crisis económica se presentaron en 2014 con el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas. “Los economistas establecen el 2014 y 2015 como el inicio de la curva de la caída económica en el país”, explicó.

Zegada indicó que la crisis se precipitó este año de una manera casi incontrolable y que los esfuerzos desde del Gobierno por una recuperación económica no tienen los resultados esperados.

Democracia debilitada

La politóloga dijo que otro indicador negativo es la desconfianza en la democracia por parte de la población. Esta comenzó hace unas dos décadas, pero se agravó con el incumplimiento del referendo del 21F que rechazó la reelección del expresidente Evo Morales, con las denuncias de fraude en los comicios generales del 2019 y por la poca transparencia con la que se investigó el conflicto poselectoral. “Desde principio de siglo, las encuestas mostraron que en Bolivia subió la desconfianza en la democracia, en las instituciones, en los partidos políticos e incluso en los procesos electorales”, sostuvo la profesional.

Crisis 
La crisis de la institucionalidad está reflejada en la falta de división de los poderes. Zegada cuestionó, por ejemplo, el papel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), ya que carece de independencia y es funcional al Órgano Ejecutivo. “El TCP comenzó a actuar políticamente y eso no se vio nunca en la historia del país y se genera desconfianza en la justicia y en Órgano Electoral”, indicó.

Las altas autoridades del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son criticadas por haberse autoprorrogado indefinidamente en sus cargos y por frenar las elecciones judiciales a través de resoluciones y medidas cautelares.

Crisis política
A todo lo anterior, se suma la crisis de conducción política del actual Gobierno. “Hemos visto la división entre las dos facciones del MAS y las peleas internas nos están mostrando que hay un agotamiento del modelo político y eso nos pone en una situación de incertidumbre”, dijo.

Como consecuencia, hay una caída en la esperanza de la gente. La sensación de malestar y crisis que se ha ido aguzando y no se avizora un mejoramiento del escenario hasta el próximo año de las elecciones, a menos que el Gobierno dé un giro en su política. “Es una situación que descompone peligrosamente la convivencia social en el país, pone en riesgo las reglas de la democracia y la convivencia de la ciudadanía”, concluyó.