Medio: EJU TV
Fecha de la publicación: viernes 02 de agosto de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
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En la Asamblea Legislativa Plurinacional se han registrado 44
episodios de vulneración de derechos y libertades fundamentales entre enero y
julio de este año. De estos, 41 están relacionados con la institucionalidad
democrática y tres con la libertad de prensa y se plasmaron en acciones
directas de agresión entre asambleístas, omisiones en la transparencia de sus
actos, apego a la norma, amenazas a periodistas y otros.
El dato corresponde al Observatorio de Defensoras y Defensores
de Derechos de UNITAS, que agrupa estas vulneraciones en cinco eventos detonantes:
las elecciones judiciales, la prórroga del mandato de magistrados, los
conflictos partidarios, la corrupción y los actos contrarios al ejercicio de
derechos.
Prórroga de magistrados
En esta categoría se agrupan cinco vulneraciones cometidas en
contra de la institucionalidad democrática.
El 22 de febrero, la Cámara de Diputados se convirtió en un
campo de pelea entre legisladores del ala arcista y opositores, los primeros
exigiendo la aprobación de siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo y, los
segundos, demandando la cesación de funciones de los magistrados que
prorrogaron su mandato.
Varios legisladores como José Ormachea (CC), Gloria Callisaya (MAS) o Mayra
Zalles (CC) terminaron agredidos por sus pares, estas dos últimas entre sí.
Las agresiones no sólo se dieron entre asambleístas, sino
también entre simpatizantes y organizaciones sociales que, dentro y fuera de la
Asamblea Legislativa, optaron por cerrar y obligar a los legisladores a aprobar
los créditos y, también, se enfrentaron por las mismas demandas en alrededores
de la Vicepresidencia.
La violencia en la Cámara de Diputados se volvió a repetir el 27
y 29 de febrero. El 27 se suscitó una jornada violenta en la Cámara de
Diputados, luego de que un grupo de legisladoras de oposición acudió hasta la
testera para impedir que se prosiga con la sesión, que preveía, primero, el
tratamiento de los créditos internacionales y, al final, la cesación de la
prórroga de los magistrados.
El 29 de febrero se repitió esta escena con agresiones físicas entre diputadas
del ala arcista y opositoras.
Elecciones judiciales
Son un total de 23 vulneraciones cometidas por acción directa u
omisión derivadas del proceso de preselección de candidatos para las altas
cortes del país. 22 de los registros tienen que ver con atentados a la
institucionalidad democrática y una con la libertad de prensa.
Las irregularidades más relevantes son aquellas relacionadas con el trabajo de
las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, por ejemplo, cuando la
Comisión de Constitución, por “errores involuntarios”, publicó la lista de
candidatos judiciales inhabilitados a tres postulantes que estaban habilitados
(20/03/24).
El caso concreto que vulneró la libertad de prensa tiene como
actora a la senadora Patricia Arce (MAS) que difamó al periodista John Arandia
de recibir dinero del gobierno para mentir y lo calificó como un mentiroso,
luego de que el comunicador publicara un video en el que se observa a la
legisladora trazando letras, como una forma de ayuda a un candidato (23/07/24).
Pese al pedido del periodista, la senadora no expuso prueba alguna de sus
acusaciones.
Varias de las vulneraciones identificadas tienen como fuente a
la Veeduría Ciudadana desarrollada por la Alianza Observación Ciudadana de la
Democracia, que identificó, en su informe final, vulneraciones a la
transparencia y publicidad, que tienen que ver con la publicación de las hojas
de vida de los postulantes a destiempo, fallas en la transmisión de las
sesiones, falta de acceso a la información de impugnaciones, entre otros.
En materia de equidad e igualdad, la Veeduría identificó
limitaciones y restricciones al ejercicio de derechos con los requisitos
exigidos por la Comisión de Justicia Plural para las acreditaciones de las
veedurías, discrecionalidad en la metodología para evaluar los requisitos de
los postulantes, disparidad en la evaluación y tratamiento de cada carpeta de
postulación, o la posibilidad de anular de pregunta a discreción de algunos
legisladores en favor de algunos postulantes.
Respecto al apego a la norma, la veeduría observó que el
cumplimiento riguroso de los plazos del proceso, que en más de una ocasión fue
alterado y no acatado.
La falta de organización, metodología y criterios de
clasificación claros en las comisiones “puso en riesgo la rigurosidad para
cumplir con el cronograma previsto”, se lee en el informe final de la Veeduría.
Sobre la garantía de idoneidad, en diferentes etapas del proceso
los veedores identificaron que no todos los miembros de las comisiones
revisaron, por ejemplo, las impugnaciones o recursos de revisión ni la
documentación de los postulantes. En la etapa de preguntas y respuestas orales,
se reportó que la redacción de muchas preguntas era “ambigua” o con posibilidad
de respuestas abiertas.
La Veeduría Ciudadana a este proceso de preselección estuvo
integrada por UNITAS, Fundación Jubileo, Alianza Observación Ciudadana de la
Democracia – OCD Bolivia y la Ruta de la Democracia.
Conflictos partidarios
Los conflictos partidarios al interior de la Asamblea
Legislativa también han generado diez vulneraciones a la institucionalidad
democrática en estos siete meses del año. Por ejemplo, con la no convocatoria a
sesiones de la Cámara de Diputados este año y la alegación del presidente de
esta instancia, Israel Huaytari, de que ello implica un gasto de 35.000
bolivianos (23/04/24).
Los conflictos entre las facciones evista y arcista del MAS
trajeron consigo el desconocimiento y posterior batalla legal por la sesión de
asamblea del 6 de junio, en la que, encabezado por Andrónico Rodríguez,
presidente del Senado y entonces presidente nato de la Asamblea Legislativa,
convocó a una sesión en la que se sancionó, entre otros, una ley para la
cesación de los magistrados autoprorrogados.
En esa sesión se identificaron actos contrarios al ejercicio de
derechos como el corte de luz, las amenazas, el cierre de la asamblea, el
bloqueo de puertas, el corte de ascensores y otros que impidieron el desarrollo
de la sesión.
Pero los conflictos internos del MAS han provocado, también,
otro tipo de acciones contrarias a los procedimientos normativos establecidos.
Un ejemplo de ello fue la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de
dictaminar receso parlamentario por segunda vez a través de un comunicado,
luego de no encontrar consenso entre las fuerzas políticas para designar a una
comisión legislativa que trabaje durante el receso (20/6/24).
Por otro lado, ya son dos años en que la Cámara de Diputados no
conforma su Comisión de Ética debido a las pugnas internas en el MAS y que ha
conllevado a que varios casos y denuncias en contra de diputados no se traten
en esta comisión.
El último episodio que atenta contra la institucionalidad
democrática fueron las agresiones cometidas este 31 de julio, cuando el
presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, fue sacado a empujones y
golpeado en una sesión camaral por la legisladora Gladys Chumacero (MAS), en
medio de protestas de otros diputados por las denuncias de presunta corrupción
cometidas por él y su entorno.
Actos contrarios al ejercicio de derechos y corrupción
Estas dos categorías suman seis vulneraciones. Se han denunciado
actos de corrupción en el último tiempo en la Cámara de Diputados, una vincula
a funcionarios cercanos al presidente Israel Huaytari, quien tuvo que destituir
al Oficial Mayor, al jefe de Recursos Humanos y a otros funcionarios por
presuntos actos de violación sexual y extorsión en esta entidad (23/7/24).
Estos casos han generado otra vulneración a la libertad de
prensa. Ésta se registró el 24 de julio, cuando diferentes medios de
comunicación y periodistas no pudieron acceder a una conferencia de prensa de
Huaytari, quien, según denuncia de los afectados, sólo permitió el ingreso de
algunos medios para hablar con él.
También se han registrado cuatro actos contrarios al ejercicio
de derechos. Una cuando el presidente del Senado aseguró que la Ley 348 que
garantiza una vida libre de violencia a las mujeres era una normativa que “ve a
los hombres como enemigos” (17/4/24), o cuando el senador Félix Ajpi acusó a
los medios de comunicación de proteger “el derecho humanos de los criminales”,
al ser consultado sobre los cuestionamientos al anteproyecto de ley “lo ajeno
no se toca” (17/5/24) o la participación en una sesión legislativa del
senador Gilmar Huarachi en presunto estado de ebriedad (24/7/24).
Análisis
El fortalecimiento de la democracia en América Latina depende
intrínsecamente de la transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el
ejercicio del poder público.
De acuerdo con el artículo 4 de la Carta Democrática
Interamericana “el fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia,
probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público, respeto
por los derechos sociales, libertad de prensa, así́ como del desarrollo económico
y social”.
En la misma línea, los órganos del sistema interamericano han
reiterado la estrecha relación que existe entre la democracia y la vigencia y
respeto de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha advertido que “el grave deterioro del Estado de Derecho en un Estado
parte no sólo repercute en los niveles de gobernabilidad democrática; por el
contrario, la experiencia histórica en Latinoamérica ha demostrado que el
deterioro institucional implica la afectación de derechos fundamentales y crea
un caldo de cultivo para posteriores situaciones de violaciones a los derechos
humanos[1].
En ese sentido, la CIDH ha destacado que, para lograr un
desarrollo democrático participativo y estable es necesario contar, entre otras,
con un poder legislativo independiente y eficaz. Por lo tanto, es fundamental
para los países contar con un poder legislativo independiente y eficaz que
pueda actuar como garante de la democracia. Solo de esta manera se puede
asegurar un desarrollo democrático participativo y sostenible, que proteja los
derechos humanos y fortalezca las estructuras institucionales para prevenir
futuras violaciones y garantizar la gobernabilidad democrática.