Medio: El Deber
Fecha de la publicación: viernes 02 de agosto de 2024
Categoría: Conflictos sociales
Subcategoría: Problemas de gobernabilidad
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En la Asamblea Legislativa Plurinacional se han registrado 44 episodios de vulneración de derechos
y libertades fundamentales entre enero y julio de este año. De
estos, 41 están relacionados con la institucionalidad
democrática y tres con la libertad de prensa, por ejemplo, con acciones
directas de agresión
entre asambleístas, omisiones en la transparencia de sus actos, apego a la
norma, amenazas a
periodistas y otros.
El dato corresponde al Observatorio de Defensoras y
Defensores de Derechos de UNITAS, que agrupa estas vulneraciones en cinco
eventos detonantes: las elecciones judiciales, la prórroga
del mandato de magistrados, los conflictos partidarios, la corrupción y los
actos contrarios al ejercicio de derechos.
Prórroga
de magistrados
En esta categoría se agrupan cinco vulneraciones cometidas en contra de la
institucionalidad democrática.
El
22 de febrero, la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de pelea entre legisladores del ala arcista y opositores,
los primeros exigiendo la aprobación de siete créditos enviados por el Órgano Ejecutivo y, los
segundos, demandando la cesación de funciones de los magistrados que prorrogaron su mandato.
Varios
legisladores como José Ormachea (CC), Gloria Callisaya (MAS) o Mayra Zalles (CC)
terminaron agredidos por sus pares, estas dos últimas entre sí.
Las agresiones no solo se dieron entre asambleístas, sino también entre
simpatizantes y organizaciones sociales que,
dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, optaron por cerrar y obligar a los
legisladores a aprobar los créditos y, también, se enfrentaron por las mismas
demandas en alrededores de la Vicepresidencia.
La violencia en la Cámara de Diputados se repitió el 27 y
29 de febrero. El 27 se suscitó una jornada violenta en la Cámara de Diputados,
luego de que un grupo de legisladoras de oposición acudió hasta la testera para
impedir que se prosiga con la sesión, que preveía, primero, el tratamiento de
los créditos internacionales y, al final, la cesación de la prórroga de los
magistrados.
El 29 de febrero se repitió esta escena con agresiones físicas entre diputadas
del ala arcista y opositoras.
Elecciones
judiciales
Son un total de 23 vulneraciones cometidas por acción
directa u omisión derivadas del proceso de preselección de candidatos para las
altas cortes del país; 22 de los registros tienen que ver con atentados a la
institucionalidad democrática y una con la libertad de prensa.
Las irregularidades más relevantes son aquellas
relacionadas con el trabajo de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia
Plural, por ejemplo, cuando la Comisión de Constitución, por “errores
involuntarios”, publicó la lista de candidatos judiciales inhabilitados a tres
postulantes que estaban habilitados (20/03/24).
El caso concreto que vulneró la libertad de prensa tiene como vulneradora a la senadora Patricia Arce
(MAS) que difamó al periodista John Arandia de recibir dinero del Gobierno para
mentir y lo calificó como un mentiroso, luego de que publicara un video en el
que se observa a la legisladora trazando letras, como una forma de ayuda a
un candidato (23/07/24). Pese al pedido del periodista, la senadora no expuso
prueba alguna de sus acusaciones.
Varias de las vulneraciones identificadas tienen como
fuente a la Veeduría Ciudadana desarrollada por la Alianza Observación
Ciudadana de la Democracia, que identificó, en su informe final, vulneraciones
a la transparencia y publicidad, que tienen que ver con la publicación de las
hojas de vida de los postulantes a destiempo, fallas en la transmisión de las
sesiones, falta
de acceso a la información de impugnaciones, entre
otros.
En materia de equidad e igualdad, la Veeduría identificó
limitaciones y restricciones al ejercicio de derechos con los requisitos
exigidos por la Comisión de Justicia Plural para las acreditaciones de las
veedurías, discrecionalidad en la metodología para evaluar los requisitos de
los postulantes, disparidad en la evaluación y tratamiento de cada carpeta de
postulación, o la posibilidad de anular de pregunta a discreción de algunos
legisladores en favor de algunos postulantes.
Respecto al apego a la norma, la veeduría observó que el
cumplimiento riguroso de los plazos del proceso, que en más de una ocasión
fueron alterados y no acatados.
La
falta de organización, metodología
y criterios de clasificación claros en las comisiones “puso en riesgo la rigurosidad para cumplir con el cronograma previsto”, se
lee en el informe final de la Veeduría.
Sobre la garantía de idoneidad, en diferentes etapas del
proceso los veedores identificaron que no todos los miembros de las comisiones
revisaron, por ejemplo, las impugnaciones o recursos de revisión ni la
documentación de los postulantes.
En la etapa de preguntas y respuestas orales se reportó
que la redacción de muchas preguntas era “ambigua” o con posibilidad de
respuestas abiertas.
La Veeduría Ciudadana a este proceso de preselección
estuvo integrada por UNITAS, Fundación Jubileo, Alianza Observación Ciudadana
de la Democracia – OCD Bolivia y la Ruta de la Democracia.
Conflictos
partidarios
Los conflictos partidarios al interior de la Asamblea
Legislativa también han generado diez vulneraciones a la institucionalidad
democrática en estos siete meses del año.
Por ejemplo, con la no convocatoria a sesiones de la
Cámara de Diputados este año y la alegación del presidente de esta instancia,
Israel Huaytari, de que ello implica un gasto de 35.000 bolivianos (23/04/24).
Los conflictos entre las facciones evista y arcista del
MAS trajeron consigo el desconocimiento y posterior batalla legal por la sesión
de asamblea del 6 de junio, en la que, encabezado por Andrónico Rodríguez,
presidente del Senado y entonces presidente nato de la Asamblea
Legislativa, convocó a una sesión en la que se sancionó, entre otros, una ley
para la cesación de los magistrados autoprorrogados.
En esa sesión se identificaron actos contrarios al
ejercicio de derechos como el corte de luz, las amenazas, el cierre de la
asamblea, el bloqueo de puertas, el corte de ascensores y otros que impidieron
el desarrollo de la sesión.
Pero los conflictos internos del MAS han provocado,
también, otro tipo de acciones contrarias a los procedimientos normativos establecidos.
Un ejemplo de ello fue la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de
dictaminar receso parlamentario por segunda vez a través de un comunicado,
luego de no encontrar consenso entre las fuerzas políticas para designar a una
comisión legislativa que trabaje durante el receso (20/6/24).
Por otro lado, ya son dos años en que la Cámara de Diputados
no conforma su Comisión de Ética debido a las
pugnas internas en el MAS y que ha conllevado a que varios casos y denuncias en
contra de diputados no se traten en esta comisión.
El último episodio que atenta contra la institucionalidad
democrática fueron las agresiones cometidas este 31 de julio, cuando el
presidente de la Cámara baja, Israel Huaytari, fue sacado a empujones y
golpeado en una sesión camaral por la legisladora Gladys Chumacero (MAS), en
medio de protestas de otros diputados por las denuncias de presunta corrupción
cometidas por él y su entorno.
Actos
contrarios al ejercicio de derechos y corrupción
Estas dos categorías suman seis vulneraciones. Se han
denunciado actos de corrupción en el último tiempo en la Cámara de Diputados,
una vincula a funcionarios cercanos al presidente Israel Huaytari, quien tuvo
que destituir al Oficial Mayor, al jefe de Recursos Humanos y a otros
funcionarios por presuntos actos de violación sexual y extorsión en esta
entidad (23/7/24).
Estos casos han generado otra vulneración a la libertad
de prensa. Ésta se registró el 24 de julio, cuando diferentes medios de
comunicación y periodistas no pudieron acceder a una conferencia de prensa de
Huaytari, quien, según denuncia de los afectados, sólo permitió el ingreso de
algunos medios para hablar con él.
También se han registrado cuatro actos contrarios al
ejercicio de derechos. Una cuando el presidente del Senado aseguró que la Ley
348 que garantiza una vida libre de violencia a las mujeres era una normativa
que “ve a los hombres como enemigos” (17/4/24), o cuando el senador Félix Ajpi
acusó a los medios de comunicación de proteger “el derecho humanos de los
criminales”, al ser consultado sobre los cuestionamientos al anteproyecto de
ley “lo ajeno no se toca” (17/5/24), o la participación en una sesión legislativa
del senador Gilmar Huarachi en presunto estado de ebriedad (24/7/24).
Análisis
El fortalecimiento de la democracia en América Latina depende intrínsecamente
de la transparencia, probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del
poder público.
De acuerdo con el artículo 4, de la Carta Democrática
Interamericana, “el fortalecimiento de la democracia requiere de transparencia,
probidad, responsabilidad y eficacia en el ejercicio del poder público, respeto
por los derechos sociales, libertad de prensa, así́ como del desarrollo
económico y social”.
En la misma línea, los órganos del sistema interamericano
han reiterado la estrecha relación que existe entre la democracia y la vigencia
y respeto de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha advertido que “el grave deterioro del Estado de Derecho en un
Estado, no solo repercute en los niveles de gobernabilidad democrática; por el
contrario, la experiencia histórica en Latinoamérica ha demostrado que el
deterioro institucional implica la afectación de derechos fundamentales y crea
un caldo de cultivo para posteriores situaciones de violaciones a los derechos
humanos[1].
En ese sentido, la CIDH ha destacado que, para lograr un
desarrollo democrático participativo y estable es necesario contar, entre
otras, con un poder legislativo independiente y eficaz.
Por lo tanto, es fundamental para los países contar con
un poder legislativo independiente y eficaz que pueda actuar como garante de la
democracia.
Solo de esta manera se puede asegurar un desarrollo
democrático participativo y sostenible, que proteja los derechos humanos y
fortalezca las estructuras institucionales para prevenir futuras violaciones y
garantizar la gobernabilidad democrática.