El sistema de elección de jueces de los altos tribunales es un tema fundamental en cualquier democracia, pues la justicia, dice la teoría liberal, debe ser independiente y estar libre de influencias políticas. En este sentido, comparar los sistemas de diferentes países nos permite evaluar nuestras propias prácticas y buscar mejoras.

En Argentina, los jueces de la Corte Suprema son designados con nombre y apellido por el presidente de la Nación, pero su nombramiento debe ser aprobado por el Senado con una mayoría de dos tercios. Este sistema busca un equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo, intentando asegurar que los candidatos sean aceptables para una amplia representación política. La intervención del Senado proporciona un control sobre el poder presidencial, pero también puede dar lugar a negociaciones y compromisos políticos que afecten la independencia judicial o totalmente al margen.

En Estados Unidos, el presidente nomina a los jueces de la Corte Suprema, y ​​el Senado debe confirmar estos nombramientos por mayoría simple. Este proceso está altamente politizado, especialmente en un sistema bipartidista tan polarizado como el estadounidense. La nominación de jueces suele ser un tema de gran debate público y político, lo cual refleja la importancia de la Corte Suprema en la vida política y social del país. La aprobación del Senado actúa como un contrapeso al poder del presidente, aunque la dinámica partidaria puede influir significativamente en las decisiones.

Bolivia tiene hoy por hoy una oportunidad de experimentar con órganos judiciales plurales y democráticos con toda la legitimidad

España utiliza un modelo mixto para la elección de jueces del Tribunal Constitucional. Los jueces son designados por diferentes órganos: cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial – lo que sería el Consejo de la Magistratura – y que tiene a su vez su propio sistema de selección. Este sistema busca una representación equilibrada de los poderes del Estado y pretende garantizar la independencia judicial mediante la diversificación de las fuentes de nombramiento. Sin embargo, este mecanismo también puede dar lugar a influencias políticas al tratarse de decisiones tomadas por órganos de naturaleza política.

En Perú, los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso mediante una votación en la que se requiere una mayoría calificada de dos tercios. Este sistema se basa en la idea de que un amplio consenso legislativo puede asegurar la idoneidad y la independencia de los jueces. Sin embargo, la realidad muestra que las dinámicas políticas dentro del Congreso pueden afectar la transparencia y objetividad del proceso, ya que los intereses partidarios pueden influir en la elección de los magistrados.

México adopta un proceso en el que el presidente propone a los candidatos para la Suprema Corte de Justicia, y el Senado los confirma por una mayoría de dos tercios. Este mecanismo busca un equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, similar al modelo argentino, y se propone garantizar que los jueces cuenten con un respaldo amplio y no sean producto de una decisión unilateral. No obstante, como en otros sistemas, las consideraciones políticas y las negociaciones entre partidos pueden afectar la independencia del proceso.

En Bolivia, sin embargo, desde 2011, los altos Magistrados son elegidos por voto popular, tras ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa. Este sistema es único en su tipo y busca democratizar la justicia, permitiendo que el pueblo tenga un papel directo en la elección de sus jueces. Sin embargo, este proceso ha sido criticado por la politización de las preselecciones, que dependen de la Asamblea, y la falta de información adecuada para que los votantes tomen decisiones informadas.

En general todos los sistemas de elección padecen del mismo problema, el servilismo judicial a ciertos intereses políticos concretos que van más allá de la propia interpretación del sentido de la Justicia que cada uno pueda hacer. Bolivia tiene hoy por hoy una oportunidad de experimentar con órganos judiciales plurales y democráticos con toda la legitimidad que dan las ánforas. Ojalá sepamos aprovecharlo.