Terminó la fase de exámenes a los postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Ahora, la batalla se traslada al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional y se enfoca en la obsesión por llegar al TCP. Además, las listas de aprobados deben ser aprobadas por dos tercios en el plenario legislativo.

Esta fase de pruebas orales terminó con problemas y con pedidos de anular ese proceso. La senadora Patricia Arce, del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), cometió supuestamente la irregularidad de ayudar a responder las preguntas a los postulantes a magistrados. Lo hizo en dos oportunidades.

La legisladora negó ese extremo y culpó a los periodistas por difundir videos donde se la ve ayudando a dos postulantes. En ambos casos, Arce hace ademanes para que el candidato responda.

“No me sorprende ya nada, ha habido muchos intentos de frenar estas elecciones y ahora van a buscar tres pies al gato, lo van a hacer y no tengo temor porque ni siquiera conozco al señor (postulante), sería bueno que saquen el video completo, si el señor me estaba mirando, no me estaba mirando. Todo el tiempo manejo mis manos, el bolígrafo, yo creo que ya basta, déjense de tonteras, dejen que se lleve a cabo estas elecciones, todos han visto la transparencia. Yo no soy tan tonta para estar ayudando, nunca lo he visto en mi vida”, afirmó Arce.

Debido a este hecho, la diputada Deysi Choque, del bando arcista del MAS, pidió con nota escrita a la Comisión Mixta de Constitución que anule todo el proceso de evaluación oral a los postulantes del TCP y también del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La legisladora argumentó que con la acción de la senadora Arce quedó en duda la transparencia de toda la evaluación oral. Es por ello que presentó una nota al presidente de dicha comisión mixta, el senador también del MAS, Miguel Rejas.

“Pedir la anulación de todo el proceso de evaluación. Que no se asuste la gente y que no le mientan al pueblo de que queremos anular las elecciones (judiciales). Si no más bien, que se pueda repetir el proceso (examen oral) que lleva entre cinco a seis días”, planteó la parlamentaria cruceña ayer, antes de dejar su carta en ventanilla única de Diputados.

Reclamos en la oposición

En la oposición también hubo una serie de reclamos a la acción de la senadora Arce. El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC), lamentó que este hecho empañe la evaluación oral a los postulantes a magistrados.

“Habrá que instalar una cámara gessel en las próximas elecciones judiciales, para que algunos parlamentarios no ayuden a sus amigos”, consideró Balderas.

El legislador también cuestionó que los parlamentarios de las comisiones mixtas no sean abogados expertos para poder evaluar de manera profesional a los candidatos que dan sus exámenes.

“Si bien es excluyente ser abogado para postular como magistrado, dada la pluralidad de la composición de las comisiones mixtas en cuanto a profesiones u oficios, resulta un mero trámite la fase de evaluación oral, ya que es casi imposible que alguien que no es abogado pueda evaluar idónea y satisfactoriamente a un postulante que sí es abogado. Me explico, un médico no puede rendir un examen ante un ingeniero. Por eso era fundamental que los colegios de abogados y carreras de Derecho del sistema universitario del país estén presentes en dichas evaluaciones”, dijo Balderas.

De los 28 miembros de las comisiones de Constitución y de Justicia Plural, solo 11 son abogados. Los demás legisladores tienen otras profesiones.

Listas preparadas

Tras la conclusión de los exámenes orales a los postulantes a magistrados, el diputado Juan José Jáuregui (MAS) dijo que ahora las comisiones deben pasar las listas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que sean aprobadas por dos tercios.

La analista política Carolina Orías explicó que luego de que el Legislativo apruebe las listas por dos tercios, éstas deben ser remitidas al Tribunal Supremo Electoral (TSE )para que se inicie con los preparativos del proceso electoral. La experta aclaró que la Asamblea no votará para aprobar o no candidaturas específicas, sino será el informe con las listas que manden las comisiones.

Orías detalló que, conforme a los plazos, las comisiones tienen hasta el 29 de julio para remitir el informe a la Asamblea y que el presidente nato del Legislativo, David Choquehuanca, tiene ocho días hábiles para convocar al pleno legislativo.

“El riesgo es que no se consigan los dos tercios y el informe no se apruebe y, en consecuencia, nos quedemos sin elecciones judiciales”, advirtió Orías.

Ese factor es clave para avanzar en este proceso. Una fuente informó a este medio que el martes por la noche se reunieron legisladores de CC con sus colegas del MAS arcista. La intención del encuentro fue “evaluar” el proceso de selección de candidatos.

En este proceso las postulaciones más requeridas son al TCP. El analista Róger Cueto consideró que esta instancia “lamentablemente” está contaminada por factores políticos y la puso en el ojo de los bandos del MAS.

“El Tribunal Constitucional se encarga de muchas cosas importantes, entre ellas están algunas que tienen un tinte político, como la reelección. Por ejemplo, este mismo tribunal decidió que Evo Morales vaya a la reelección indefinida luego de haber sido derrotado en el referendo del 21 de febrero de 2016, pero aun así igual lo habilitaron. Este mismo tribunal ahora lo vuelve a inhabilitar. Entonces, hay un trabajo político, lamentablemente, en el trabajo del TCP”, dijo Cueto.

Varios expertos verificaron que las preguntas para los postulantes estaban mal formuladas, que no eran coherentes, las respuestas estaban cortadas y no tenían el código que coincidían con las consultas. Además, advierten de una falta de metodología uniforme en las comisiones.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, Roberto Padilla, admitió que se tropezó con esos problemas desde el primer postulante que rindió el examen y cuestionó que las universidades hayan elaborado de esa manera las preguntas.

“Algunas (universidades) han enviado las consultas incompletas, cortadas, faltaban palabras o estaban mal impresas y no tenían códigos”, informó el legislador.

Ahora, la batalla se traslada al pleno de la Asamblea para poder aprobar las listas.