Dicen que parlamentarios “soplaron” las respuestas correctas a los postulantes a magistrados para las elecciones judiciales. Vergüenza debiera darnos este tipo de noticias. Si fuera cierto (aunque no fue comprobado), se trataría de un acto aberrante de parte de quienes hubiesen obrado de esa forma, pero es peor aún, más grotesco y pueril, la forma en que se lanzó la acusación. Ambas acciones son una muestra de la mediocridad con que se manejan las cuestiones de Estado y la política partidista en general, es decir que la irresponsabilidad prima ante cualquier decisión que se tome, sin importar la gente, ni el país.

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En el mismo tema de las elecciones judiciales, por lo menos a más de un postulante se escuchó impugnar las preguntas por estar mal formuladas o denunciar que las respuestas consideradas correctas están erradas. Esta es una muestra de que la tarea está mal hecha porque no debería haber dudas, ni observaciones de tal dimensión, nada que empañe la elección de nuevos magistrados, de otro modo, todo el proceso se ve empañado porque otra vez la desconfianza precede la reforma judicial que tanto reclama la ciudadanía. Error tras error.

Las polémicas que se arman tras estas acusaciones son de muy bajo nivel y lastimosamente quienes tengan argumentos válidos terminan enmarañados entre la gresca absurda, poco inteligente, comparable con una pelea callejera. Si hay alguien que tiene pruebas demostrables de aquello que acusa, puede ser que no tenga suficiente palestra en los medios de comunicación o no sepa, o no quiera mezclarse en el chismerío de las redes sociales; entonces termina olvidado, perdido en el tumulto que se crea en el embrollo de las mentiras o, peor aún, de las medias verdades que envuelven estos hechos.

La mayoría de estos líos se armaron por los mensajes que se difunden por redes sociales, donde tranquilamente la fuente puede permanecer en el mayor de los anonimatos, sin presentar pruebas o creándolas con absoluta irresponsabilidad. Muchas veces detrás de estas acciones, quien las realiza solo tiene la intención de sembrar dudas o enlodar a quien se le antoja, allí no se miden las consecuencias para las personas, ni para el país. Finalmente, dañar la integridad moral de las personas o la institucionalidad del Estado sin ningún argumento verdadero son delitos que no deben quedar en la impunidad, existen lo medios para verificar quién difunde mensajes vía internet, por Facebook o WhatsApp.

(*) Lucía Sauma es periodista