Poco a poco, a medida que la realidad iba confirmando el verdadero rostro de un gobierno neo-autoritario, más allá de los ilusionismos discursivos, esa cuasi unanimidad se fue erosionando y se multiplicaron las disidencias también entre la izquierda.

La brutal represión contra los marchistas en Chaparina fue un primer punto de inflexión, al hacer cortocircuito la praxis gubernamental con las banderas del indigenismo y el ecologismo, tan esgrimidas por el caudillo y sus constructores de imagen. 

Pero el distanciamiento entre los intelectuales (englobando tanto a los artistas como a los estudiosos de las humanidades) y el gobierno del MAS se transformó en grieta con el referéndum del 21 de febrero del 2016, dando un auténtico salto cualitativo muy problemático para el régimen. 

Es así que han proliferado desde canciones sobre el 21F hasta videos humorísticos, pasando por puestas de teatro callejero, libros, manifiestos y, ante todo, un aluvión de columnas de opinión fuertemente críticas hacia la burda manipulación del sistema constitucional.

A raíz de esa desafección, el evismo ha perdido buena parte de su “poder blando” de persuasión, optando por reforzar el uso del “poder duro” de represión en su búsqueda frenética de perpetuación en el mando estatal.

De eso se trata la teoría de la “convulsión social” adelantada por el presidente cocalero, que apunta a justificar una mayor coacción contra los movimientos de protesta en defensa del 21F, alegando que forman parte de una suerte de alzamiento sedicioso.

Pero como esta receta por sí sola es demasiado brutal, como ya se ha visto en Nicaragua y Venezuela, se planea acompañarla de una contraofensiva prebendalista destinada a recapturar alguna franja de la intelectualidad para el oficialismo y sus adyacencias.

La maniobra es orquestada desde la vicepresidencia y ya se verá en los próximos meses cómo se improvisan subsidios hacia diversos sectores de la cultura, en realidad cantos de sirena para incautos, dado que los fondos quedarán mayormente en un pequeño grupo de amigos del poder que cumplan con ciertas metas propagandísticas (ver el reciente Kjarkas-gate).

Será una disyuntiva entre la lucidez libertaria y la cortedad de miras clientelista. Entre el compromiso ético y la cooptación cleptocrática. 

En todo caso, la construcción de políticas culturales serias deberá esperar al 2.020 para que, en el marco de una democracia plenamente recuperada, se discutan mecanismos no discrecionales ni sesgados para la promoción de las artes y las humanidades.