El ministro Carlos Romero dijo que el Tipnis se maneja de manera autónoma y les reclamó a los delegados del organismo internacional por qué no consultaron para ingresar al Polígono 7, convertida en la guarida perfecta de cocaleros ilegales y narcotraficantes, realidad admitida por el propio Gobierno, que paradójicamente quiere beneficiar a esos grupos con una costosa carretera, iniciada sin consultar a los verdaderos dueños de aquellas tierras.

Ante la ola de incongruencias y situaciones difíciles de explicar, el ecuatoriano Alberto Acosta, integrante del tribunal internacional, dijo aceptar la actitud de los dirigentes que les negaron el ingreso al Polígono 7, pero cuestionó el hecho de que los tomen de rehenes durante varias horas y que les nieguen el retorno a un lugar seguro, pues en el puente de Isinuta fueron amenazados con palos y otros objetos. No solo se preguntaron “¿qué es lo que se esconde allí?”, sino que cuestionaron el rol del Estado boliviano que además de contradecirse sobre la presencia de coca ilegal y de droga en la zona, parece no tener control sobre un territorio que cada vez se asemeja a una zona de exclusión que podría acarrear graves consecuencias para el país.

Lo que ha descubierto aquel tribunal, que curiosamente fue creado a instancia de países como Bolivia que han incorporado en su legislación los derechos de la madre tierra y la naturaleza, no es ninguna novedad para los bolivianos, que estamos acostumbrados a saber de narcocomunidades que secuestran y matan a policías. Todos los días constatamos la realidad del Chapare y sus alrededores, un territorio impenetrable para la ley, donde reina la pena de muerte en forma de linchamiento y donde no hay autoridad nacional que se haga respetar más allá de la voluntad de los sindicatos, que como lo dijo el propio presidente, no dudan en “sacar a chutazos” a los intrusos.

A menos que ya no le importe, el Gobierno debería preocuparse por la imagen que proyecta ante el mundo, pues es lo único que le queda de capital intangible, dada la grave crisis interna de credibilidad y confianza. El régimen intenta seguir en el poder por encima de la legalidad, pero al paso que va también está dilapidando la poca legitimidad que le queda, valor trascendental en la comunidad internacional a la hora de brindar o no el respaldo político.

La conclusión que fácilmente puede obtener cualquiera que haya presenciado el incidente del pasado fin de semana, es que en Bolivia, el Estado ha sido cedido a grupos irregulares que están dando rienda suelta a economías subterráneas que hacen peligrar la vigencia del estado de derecho y la estabilidad democrática.

Los miembros del Tribunal de la Naturaleza no solo se preguntaron “¿qué es lo que se esconde allí?”, sino que cuestionaron el rol del Estado boliviano que además de contradecirse sobre la presencia de coca ilegal y de droga en la zona, parece no tener control sobre un territorio que cada vez se asemeja a una zona de exclusión.