Las elecciones judiciales debían haberse realizado en octubre de 2023 y casi un año después, todavía estamos entrando en la fase final de la selección de precandidatos, una fase aparentemente técnica que debía haber acabado hace muchísimo tiempo y que sin embargo ha sido torpedeada una y otra vez desde los mismos tribunales que se pretenden renovar.

El mecanismo empleado en este boicot pasa por un exceso de celo garantista aplicado a través de las Salas Constitucionales Departamentales, particularmente la del Beni, donde los candidatos aducen vulneraciones de derechos que derivan en paralizaciones del proceso. Así 20 meses, y es precisamente por eso que se apunta a una evidente connivencia del Gobierno Central, ciertamente cómodo con los actuales despachantes de Justicia, y eso teniendo en cuenta que son las mismas salas que bendijeron la transición y posterior gestión de Jeanine Áñez en 2019.

Han sido 349 postulantes los que optan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura

“De no haber nuevos contratiempos, la próxima semana las comisiones legislativas remitirán las listas de habilitados a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que, por dos tercios de sus miembros, las apruebe y pase la posta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) (sic)” señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y que como aliado político de Evo Morales es uno de los más interesados en acelerar la preselección.

Han sido 349 postulantes los que optan al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. En total 23 magistrados y tres consejeros. La Ley 1549 señala que la nómina que deberá ser enviada al TSE tendrá que consignar 96 postulantes como mínimo y 192 como máximo, lo cual exige un acuerdo en la Asamblea Plurinacional entre las bancadas que las deben aprobar por dos tercios, aunque bien parece que esa purga se está realizando directamente en las comisiones mixtas, donde la disparidad de las puntuaciones ha despertado “habladurías”, y veremos si algún nuevo recurso que paralice el proceso.

Los aspirantes deben obtener al menos 130 de los 200 puntos de la fase de evaluación de méritos y exámenes orales, para seguir en carrera y ahí se está ajustando. La clave siempre estuvo precisamente en la preselección de candidatos en la Asamblea, donde la mayoría del MAS se convertía en apisonadora y por eso esta ocasión es diferente.

El modelo de elección directa de los jueces sin mayorías en el legislativo es precisamente el más adecuado para restablecer los poderes del Estado y su independencia. El pueblo tendrá la última palabra, luego de informarse bien, para elegir jueces probos con convicciones sólidas y no simples filiaciones partidarias. Ni siquiera una elección en el Legislativo, con pactos oscuros entre fuerzas diversas, garantiza esta posibilidad.

Estamos ante una oportunidad única de que Bolivia pueda recuperar parte de su dignidad truncada por años de sometimiento de los poderes al poder ejecutivo. La elección debe salir adelante. Ojalá seamos capaces de llevarlo adelante con civismo.