Esta semana, senadores y diputados deben retomar sus actividades normales después de un innecesario receso de medio año que fue impuesto por David Choquehuanca Céspedes, presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
En el ínterin ocurrieron dos hechos importantes para la estabilidad política del país: 1) la reunión propiciada por el Tribunal Supremo Electoral en la que quedó claro que a estas alturas se debe elegir entre elecciones primarias o elecciones judiciales, y claramente las organizaciones políticas se comprometieron a dar la máxima prioridad a la normalización del Órgano Judicial; 2) una fallida reunión convocada por el vicepresidente en la que intentó, sin éxito, forzar un acuerdo que implícitamente otorgue cierto grado de reconocimiento a las actuales autoridades judiciales que ejercen una ilegítima prórroga en sus cargos.
Por otro lado, a duras penas avanza la selección de candidatos para la elección judicial, siempre bajo la amenaza de que una sala constitucional, particularmente del departamento del Beni, disponga una nueva interrupción del trabajo, en atención a algún espurio recurso legal accionado por interesados de dudosos valores éticos, un mecanismo que se parece más a un modus operandi que a la legítima defensa de derechos constitucionales.
En el ámbito partidario, persiste la división en el Movimiento Al Socialismo, con dos protagonistas: Luis Arce Catacora y Evo Morales Ayma. El primero dispuesto a jugar todas sus cartas para quedarse con la sigla del MAS y buscar su reelección, y el segundo con ánimos de bloquear caminos y sesiones parlamentarias hasta imponer su candidatura sin cumplir las normas internas de su propio partido. Ambos intentan poner contra las cuerdas al Tribunal Supremo Electoral para forzar el fracaso del otro. Claramente, les importa el poder por encima de la democracia y el futuro del país.
En la acera opuesta se encuentra una oposición errática y dispersa, incapaz de generar consensos. Una vez más se advierten los preparativos de los candidatos de siempre, incapaces de dar un paso al costado. Hoy, muchos miran a Venezuela, pero ninguno es capaz de seguir el ejemplo de María Corina Machado, una carismática y valiente opositora cuyo liderazgo ha unido a la oposición, pero no figura en las papeletas de voto porque el órgano electoral, afín a Maduro, le puso toda clase de obstáculos. Aun así, Machado se mantiene en la lucha porque le importa su país más que una banda presidencial que con justicia debería llegar a sus manos. En Bolivia no existe un solo líder opositor que por lo menos intente seguir ese gran ejemplo.
¿Y por qué referirse a la oposición? Porque la historia ha demostrado con sobrados ejemplos que las democracias auténticas tienen gobiernos estables y opositores firmes y organizados, y porque en el caso de Bolivia, los llamados “taxipartidos” o “minicandidatos” solo han servido para dispersar los votos del electorado y para actuar de forma prebendal y convenenciera en la Asamblea Legislativa.
Por los menos desde la crisis política de 2019 hasta le fecha, la democracia boliviana ha dado señales de franco deterioro. Los problemas que se advierten a nivel nacional también se reproducen en gobernaciones y municipios; la pugna por el poder en la Gobernación de Santa Cruz es un triste ejemplo de ello.
Casi en cámara lenta y con graves problemas económicos de por medio, Bolivia está ingresando en una etapa de decisiones que consolidarán, a duras penas, nuestra desportillada democracia o, en caso contrario, se darán pasos peligrosos hacia el autoritarismo. Los dirigentes políticos son conscientes de ello, pero prefieren mirar a otro lado, y la sociedad civil, aparentemente desencantada con todo lo que ve y vive, muestra cierto grado de indiferencia. Ninguno de esos extremos es bueno.
Urge reaccionar a tiempo y dejar de jugar con fuego.