En 1879 perdimos la Guerra del Pacífico porque Bolivia tenía un Estado débil, sin presencia en todo su territorio y con instituciones famélicas; en cambio, Chile había desarrollado un Estado sólido con instituciones más fuertes que las bolivianas. Los estudiosos de la realidad boliviana afirman que en Bolivia nunca existió un Estado con instituciones desarrolladas y creíbles; casi al unísono lanzan la hipótesis de que históricamente Bolivia tuvo más sociedad civil que Estado. Por eso, la institución más fuerte es la política en las calles. Se creía que era un mérito tener una sociedad civil fuerte, pero en realidad es todo lo contrario, pues desde esa fortaleza se ha contribuido a derrumbar las instituciones nacionales.

En consonancia con el neoinstitucionalismo, comprendemos a las instituciones como hábitos o costumbres a seguir; estas pueden estar enmarcadas en leyes o existir simplemente como conductas y costumbres sociales. Justamente por eso decimos que la política en las calles es la institución estelar del país, pues posee más fuerza e intensidad que los poderes del Estado. Las masas en las calles han aprendido a lanzar sus demandas, a agitarlas contra el Estado y a arrancar sus reivindicaciones; es en las calles donde se han volteado gobiernos. Hablamos de una sociedad de tipo corporativo, con sellos de enorme autoritarismo, cuyo norte es la búsqueda de intereses particulares y no de un objetivo común para todos los bolivianos.

En Bolivia, la ciudadanía es débil y la tarea de edificar al ciudadano es incompleta; por eso es natural que la masa, protestando, marchando en las calles, bloqueando, crucificándose, o haciendo las clásicas huelgas de hambre “hasta las últimas consecuencias”, consiga sus reivindicaciones corporativas. Pero la masa que protesta es consciente de sus derechos y casi nunca de sus obligaciones. Las masas en sus movilizaciones pudieron tener contenidos democráticos cuando marchaban contra las dictaduras militares, pero no siempre la conducta de la masa ha sido progresista. Muchas veces se han movilizado con códigos conservadores; las masas que acompañaron el colgamiento de Villarroel estaban más cerca de los códigos conservadores de las oligarquías que de ideas avanzadas de democracia. Así sucede con las masas cooptadas por el MAS, que se mueven con códigos conservadores, arcaicos y autoritarios que no coinciden en nada con la búsqueda de la democracia ciudadana.

La Revolución de 1952 no condujo a la construcción de un sistema de partidos ni edificó los “checks and balances” necesarios para cualquier democracia; aunque en 1956 y 1960 hubo elecciones, estas fueron más un escrutinio que actos electorales. Aunque ya estaban ganadas por el MNR, paradójicamente, este hizo fraude electoral abierto, pues no había institucionalidad democrática ni existía la autoridad electoral como institución independiente. Inclusive durante la primera fase de la democracia pactada, la institución electoral era débil y totalmente dependiente del Poder Ejecutivo. Por eso se tuvo que dejar atrás a la Banda de los Cuatro y formar una Corte Nacional Electoral de notables. Estos le dieron autonomía a la autoridad electoral y comenzaron la edificación independiente de esa institución. Sin embargo, durante el proceso de cambio, la institucionalidad del poder electoral se erosionó, de tal manera que con el MAS de Morales y de Arce, ese poder es solo un apéndice del Ejecutivo. En el año 2024, la autoridad electoral está totalmente cooptada por el Gobierno.

El Parlamento y el Poder Judicial siguen con obsecuencia las decisiones del Ejecutivo, lo que quiere decir que no han llegado a ser instituciones fuertes que mantengan independencia y que cumplan sus competencias en favor de la ciudadanía. Formalmente, el Poder Judicial se elige por medio del voto ciudadano; en realidad, lo hace el Parlamento –de mayoría masista– sin hacer caso a la meritocracia, sino solo siguiendo de manera obsecuente la línea del partido de Gobierno. Esto implica que ese poder está desinstitucionalizado, más aún si sabemos que sus fallos son hechos a la “carta”, según sea la conveniencia del Ejecutivo. Hace años, los miembros del Tribunal Constitucional aceptaron la repostulación anticonstitucional de Morales, demostrando que el Poder Judicial estaba desinstitucionalizado. En el presente, al castigar a Morales impidiendo su candidatura, lo que hacen es demostrar que sus decisiones emanan no de ellos, sino del Poder Ejecutivo. Esa es la vergüenza de un Poder Judicial que durante los gobiernos del MAS ha sido y es servil al Gobierno. Ahora opera por medio de las salas constitucionales departamentales para hacer todo lo que desea el Gobierno de Arce.

Cuando el poder del caudillo es absoluto, sea el caso de Morales o de Arce, sus obsecuentes –el Poder Judicial– entienden que la palabra del caudillo es divina, por ello, interpretan sus necesidades para mantenerlo en el poder. Cuando se llega a esa situación, quiere decir que está instalada la desinstitucionalización del Estado; por tanto, la única institución que existe es el capricho del jefe de Gobierno.

Ausencia de instituciones