Si asumimos tal premisa, la pregunta es por qué todos los esfuerzos y obsesiones del oficialismo y de la oposición están orientados a impedir la candidatura de Evo en lugar de buscar derrotarlo en las urnas. El presidente Arce, en plan de reelección, no quiere competir en primarias cerradas porque seguramente las perdería. Tampoco le interesa medirse con Morales en primarias abiertas. Su apuesta única es inhabilitarlo con una sentencia constitucional trucha, tan impresentable como la de 2017.

En cuanto al paisaje opositor, ninguno de los 17 PPP (precoces precandidatos presidenciales), incluida la Manfredumbre, supera el 10% de intención de voto. No les alcanza, pues, para ganar una elección. De partida, los viejos conocidos acusan un déficit crónico de respaldo popular, les falta calle, no tienen proyecto de país. Y la decena de “nuevos”, que tanto ruido hacen en las redes sociales soñándose outsiders, son unos señores y una señora desconocidos.

Cinco años después del escabroso ciclo electoral 2019-2020, la polarización y la incertidumbre, lejos de atenuarse, siguen contaminando el debate político y la conversación pública. En ese contexto, con debacle institucional y señales de crisis económica, la disputa en el partido-instrumento azul es el principal factor (des)ordenador del campo político. Y Evo está en el centro de la querella. Así, los comicios de 2025 podrían desportillarse por el renovado antagonismo evismo/antievismo.

Más allá de sus números, ¿en qué momento asumirá Evo que el veto a su candidatura ya está trazado? ¿Y cuándo reconocerá Lucho que su viabilidad electoral es cada vez más remota? ¿Abandonarán ambos sus pretensiones de reelección? ¿En beneficio de… los Rodríguez? ¿Y qué harán los opositores sin candidato de unidad ni espalda ganadora en las urnas? ¿Lograrán al menos un frente amplio que les edite sus sobras completas? Preguntas.

Como sea, es previsible que el 8 de noviembre del próximo año tendremos un escenario de gobierno minoritario, y por tanto débil, que deberá estrenarse con un drástico ajuste anticrisis. Ni hablemos todavía de lo que le espera al proyecto plurinacional- popular en el opaco ciclo político por venir.

FadoCracia motoquera

1. Fuerte y claro: la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) es —o fue— un violento grupo de choque. En la coyuntura crítica de 2019, operó como una organización parapolicial, en colaboración con los motines. 2. Como ha documentado ampliamente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las prácticas de la RJC “fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias”. 3. Se trata, pues, de una banda criminal. No es “una resistencia necesaria”, como les dijo la autoprorrogada presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos. 4. Los motoqueros de la RJC, armados con bazucas artesanales, palos y explosivos, protagonizaron varias acciones de violencia contra mujeres y campesinos. Hay registro de vejaciones, secuestros y tortura. Todo en nombre de “la defensa de la ciudad”. 5. Tras casi un lustro, seis cabecillas de la RJC recibieron sentencia por delitos de organización criminal. Hay rendijas contra la impunidad. 6. No es persecución política contra “activistas” (sic), como gritan las luisas de la oposición y sus operadores mediáticos. 7. Los grupos paraestatales como la RJC no caben en democracia. ¡Nunca más!, es la consigna.