El documento, denominado “Criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas para los Altos Tribunales y el Consejo de la Magistratura que conforman el Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia”, fue hecho público este viernes.

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En su nota técnica, la CIDH propone varios lineamientos para asegurar que el proceso de preselección cumpla con los principios de igualdad y no discriminación. Estos incluyen:

Evaluación por Méritos: Implementar un sistema de evaluación basado en méritos y capacidades profesionales, garantizando que los candidatos seleccionados posean las competencias necesarias para desempeñar sus funciones judiciales de manera imparcial y eficiente.

Participación de la Sociedad Civil: Promover la participación activa de organizaciones de la sociedad civil en el proceso de preselección, permitiendo una mayor transparencia y rendición de cuentas.

Inclusión de Mujeres e Indígenas: Asegurar que las mujeres y los pueblos indígenas estén representados adecuadamente en el proceso de selección, reflejando la diversidad del país y promoviendo la igualdad de género y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.

Además, la CIDH pide que el proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados, se realice “en los plazos previstos constitucionalmente”, lo que asegura que constituye “un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia”. En Bolivia, las elecciones judiciales debieron realizarse el año 2023, asumiendo en enero de 2024 los nuevos jueces, lo que no sucedió. En la actualidad están en funciones magistrados que prorrogaron su mandato gracias a un dictamen del Tribunal Constitucional.

Respaldo y acompañamiento al proceso

La CIDH recuerda en la nota técnica que el Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado formalmente el acompañamiento del organismo en el proceso electoral que elegirá a las altas autoridades judiciales del país. La Ley N° 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 establece el marco para este proceso, que comenzó con la fase de preselección de candidaturas a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), aun en desarrollo.

La CIDH, en respuesta a esta solicitud, ha acordado realizar un proceso de cooperación técnica con la ALP, incluyendo la elaboración de una nota técnica sobre los criterios de méritos para la valoración de candidaturas.

Uno de los puntos centrales de las recomendaciones de la CIDH es la incorporación de un enfoque de derechos humanos en el proceso de selección. La CIDH resalta que es fundamental que el proceso de preselección de candidatas y candidatos garantice el acceso igualitario e incluyente, promoviendo la participación activa de mujeres e indígenas. Este enfoque busca no solo cumplir con los estándares interamericanos, sino también fortalecer la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

Desafíos Estructurales del Sistema de Justicia

La CIDH identifica varios desafíos estructurales que condicionan el proceso de selección de autoridades judiciales en Bolivia. Entre estos, destaca la desconfianza ciudadana en los procesos de conformación de las altas cortes mediante el sistema de elección popular. Este escepticismo se ha manifestado en una mayoría de votos en blanco y nulos en anteriores elecciones judiciales, reflejando un rechazo significativo hacia el sistema actual.

Para abordar estos desafíos, la CIDH enfatiza la necesidad de mecanismos que aseguren mayor publicidad, participación y transparencia en el proceso de selección. Esto incluye la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos, así como la garantía de acceso igualitario para todos los candidatos.

La CIDH también ha destacado la importancia de fortalecer el proceso institucional de selección judicial. Esto incluye una serie de recomendaciones para mejorar la claridad y transparencia de los reglamentos internos, así como para asegurar que las impugnaciones durante la preselección sean resueltas de manera justa y equitativa.

Además, la CIDH observa la participación de diversos actores nacionales como veedores en el proceso de preselección de autoridades judiciales. Entre estos, se destaca la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones de la sociedad civil que han emitido comentarios y recomendaciones para mejorar el proceso.

La nota técnica de la CIDH concluye con un llamado a Bolivia para que implemente las recomendaciones propuestas, destacando la importancia de un proceso de selección judicial que sea inclusivo, transparente y basado en méritos.