«La CIDH reconoce los esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia para avanzar en el proceso de selección de altas magistraturas como parte esencial de su institucionalidad democrática, en el contexto de los profundos desafíos estructurales que enfrenta su sistema judicial. En particular, la desconfianza ciudadana en los procesos de conformación de las altas cortes mediante el sistema de elección popular, así como los cuestionamientos sobre una alegada falta de claridad en los reglamentos internos para la preselección de candidaturas; deficiencias normativas para la resolución de impugnaciones durante la preselección; falta de criterios objetivos en la evaluación de los perfiles; y deficiencias en la fase de entrevistas, entre otros desafíos», señala en el documento titulado «Criterios para la evaluación de méritos de las personas candidatas para los Altos Tribunales y el Consejo de la Magistratura que conforman el Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia” al que tuvo acceso eju.tv.

La CIDH acompaña el proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales mediante un acuerdo de cooperación técnica con la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese proceso de cooperación incluye la elaboración y envío de notas técnicas sobre los criterios de méritos de valoración de candidaturas.

Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige a sus magistrados mediante voto popular y eso ocurre una vez que el Legislativo selecciona a los candidatos al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura que conforman el órgano Judicial.

Este proceso electoral debía realizarse el año pasado, pero la falta de acuerdos en la Asamblea hizo que se demore hasta ahora y continúan las trabas al proceso como recursos judiciales que paralizaron la evaluación de los postulantes y denuncias de supuesto favorecimiento a algunas candidaturas.

«El sistema de justicia boliviano está sometido a desafíos estructurales, que han sido resaltados por la CIDH y el GIEI en sus respectivos informes. Al respecto, en su reciente informe de país, la CIDH resaltó que existe desconfianza ciudadana en los procesos de conformación de las altas cortes mediante el sistema de elección popular. Las llamadas “elecciones judiciales” han generado preocupaciones y rechazo entre diversos sectores de la sociedad, incluso desde el primer proceso electoral. Los resultados electorales denotan un rechazo mayoritario de los procesos, el cual es reflejado en una mayoría de votos en blanco y votos nulos», destaca en el informe.

La Comisión planteó al Estado a garantizar que el nombramiento y selección, incluyendo la preselección, «no sean realizados o puedan ser percibidos por la ciudadanía como decididos con base en razones de carácter político, pues esto afecta la convicción de independencia dentro de la ciudadanía. Para lograrlo, se indicó que es necesario cumplir principios como la difusión previa de las convocatorias, plazos y procedimientos; la garantía de acceso igualitario e incluyente de los candidatos; la participación de la sociedad civil y la calificación por mérito y capacidades profesionales».

Asimismo, la CIDH tomó en consideración una serie cuestionamientos sobre una «alegada falta de claridad en los reglamentos internos para la preselección de candidaturas»; «deficiencias normativas para la resolución de impugnaciones durante la preselección»; «falta de criterios objetivos en la evaluación de los perfiles»; y «deficiencias en la fase de entrevistas, entre otros desafíos».

Diferentes organismos internacionales como la CIDH, ONU, Human Rights y otros observaron que la justicia en Bolivia no es independiente sino está sometida al poder político. En su documento, la Comisión recuerda el informe final del GIEI de 2019 que señala que un pilar básico del debido proceso es la independencia e imparcialidad del poder judicial.

Otro elemento que la CIDH observa es que «algunos requisitos de mérito incluidos en la convocatoria y el reglamento, y que regulan los criterios de selección, no surgen de la Constitución Política del Estado».

Actualmente los magistrados del órgano Judicial se prorrogaron en sus mandatos desde diciembre en 2023 y se ha puesto en entredicho la legalidad de sus acciones debido a que sus cargos fenecieron a fin de año.

Finalmente la CIDH pide que de acuerdo al principio de igualdad, en los procedimientos de nombramiento no pueden involucrarse privilegios o ventajas irrazonables, «por lo que todas las personas ciudadanas que cumplan con los requisitos deben poder concursar en igualdad de condiciones».

«La CIDH considera importante resaltar que la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantiza la independencia frente a toda injerencia o presión política», señala una de sus conclusiones.

A continuación puede acceder al documento íntegro de la CIDH:

Bolivia. Nota Técnica sobre criterios de meritos personas candidatas