Hasta el día viernes, la Comisión de Ética del Concejo Municipal debe definir una sanción administrativa para el alcalde Iván Arciénega, por el incumplimiento a las recomendaciones de un informe de auditoría en el caso del alumbrado público, que fue emitido por la contraloría General del Estado.

Las posibles sanciones para el burgomaestre son: la llamada de atención verbal, amonestación escrita o el descuento del 20% de su salario. La suspensión de 30 días y la destitución no son aplicables por el Concejo Municipal.

La Contraloría recomendó al ente fiscalizador la remisión de obrados al Ministerio Público por lo que el Concejo debatió ayer en sala plena la pertinencia de aplicar esta doble amonestación al Alcalde y decidió devolver el trámite a la Comisión de Ética que tiene hasta el día viernes para definir la sanción.

“Nosotros habíamos interpretado que al remitir al Ministerio Público ya era una sanción, mientras que aquí, en un debate, se ha determinado que tenemos que establecer una sanción administrativa”, afirmó el presidente de la Comisión de Ética, Santiago Vargas.

La contraloría observó que la Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) cobró a los usuarios tasas de alumbrado público sin una norma legal de respaldo y los dineros recaudados no fueron depositados en una cuenta fiscal de la Alcaldía.