Ayer se han recordado 44 años del sangriento golpe de los militares Luis García Meza, Luis Arce Gómez y sus socios y cómplices, dentro y fuera de los cuarteles. El amargo recuerdo del golpe de Estado no solamente sirve para valorar la importancia crucial de la democracia en la vida de todas las personas, sino también para considerar apropiadamente sucesos de reciente data en la historia.

El trabajo de la Comisión de la Verdad, creada en diciembre de 2016 para indagar las graves violaciones de los derechos humanos producidas por los gobiernos de facto entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982, señala inequívocamente que en el gobierno de García Meza, iniciado con el derrocamiento de Lidia Gueiler, presidenta transitoria, hubo “múltiples agresiones” por motivos políticos e ideológicos.

Tales agresiones se tradujeron en “apresamientos, torturas, asesinatos, desapariciones, no solo a dirigentes políticos y sindicales, también a miembros universitarios, miembros de las Iglesias, particularmente católica, metodista y luterana que desarrollaban actividades sociales. La persecución no tenía límites”, según revela el documento. El saldo, según la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), fue de al menos 29 desapariciones forzadas y 500 personas asesinadas, torturadas, heridas y detenidas.

El recuerdo de tales atrocidades, asociado a la imagen de militares en traje de campaña, o de gala para las transmisiones televisivas y radiales, sirvió para poner en cuestión lo sucedido entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cuando un grupo de civiles, amparados por la Iglesia Católica, decidió de manera inconsulta con el pueblo boliviano el modo en que se produjo la sucesión presidencial, al margen de cualquier consideración constitucional (el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, presente en el discutible evento, reconoció que se trató de una solución apenas “cercana” a la Constitución).

En el gobierno que se instaló luego tampoco faltaron las persecuciones y encarcelamientos sin debido proceso (instruidos por quien hoy todavía funge como fiscal general) y asesinatos, comandados por el hoy prófugo Luis Fernando López, que entonces ocupaba el puesto de ministro de Defensa y hoy aguarda que Paraguay le conceda refugio político, y su colega Arturo Murillo, que cumple condena en Estados Unidos, donde intentó lavar el dinero robado de las arcas públicas bolivianas. 

Hoy, desafortunadamente, sigue faltando mucho para conocer la verdad histórica de lo sucedido antes y durante los casi 12 meses de gobierno de Jeanine Áñez, pero también para desmontar el sentido común que no puede distinguir un golpe de Estado, que se produce para tomar el poder, de una dictadura, que es el modo de gobierno que suele aplicarse. Lo mismo puede decirse de los hechos del 26 de junio, todavía envueltos en un manto de confusión.