El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza consideró ayer que el Estado perdió el control sobre su propio territorio, refiriéndose al incidente ocurrido el domingo en el Polígono 7 del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Alberto Acosta, miembro de la comitiva, sostuvo que con lo que pasó ese día –cuando fueron impedidos de ingresar a la zona– se ve que la autonomía indígena avanzó en el país. "Ha avanzado tanto la autonomía indígena en Bolivia que los indígenas pueden controlar su territorio y (eso) me parece una situación interesante, pero al parecer no se trata de un avance en la autonomía, sino de una pérdida de control por parte del Estado de su propio territorio y eso tiene que quedar muy claro", manifestó.

El impedimento del ingreso de la comisión internacional al Polígono 7 generó una ola de críticas.

Luego, el Gobierno confirmó que en el Polígono 7 existen plantaciones de coca y pozas de maceración de la ilícita actividad del narcotráfico. Mientras la dirigencia de los colonos aseguró que toda persona debe pedir permiso para entrar al sector.

El Tribunal llegó al país para constatar las denuncias de indígenas sobre la violación a los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS, donde a título de desarrollo todavía se mantiene la idea de construir una carretera por medio de la reserva, lo que podría provocar mayor expansión de cultivos de coca ilegal y hasta otras actividades ilícitas.

"A nosotros nos llama mucho la atención que haya gobiernos que hacen grandes discursos a favor de la Madre Tierra y no hacen nada para protegerla efectivamente. Nosotros vemos que muchas de las cuestiones que se plantearon en (el acuerdo de) Tiquipaya, como fue la declaración universal de los derechos de la Madre Tierra, y luego la Ley 71, no se han plasmado en la realidad, (por ejemplo) en la Ley 71 dice que se establecería una defensoría de la naturaleza y hasta el momento en Bolivia no hay una defensoría de la naturaleza", lamentó Acosta.

PEDIDOS DE INDÍGENAS

El citado Tribunal desarrolló ayer una audiencia pública en Cochabamba, donde representantes de comunidades indígenas plantearon incluir los casos de las hidroeléctricas Rositas y Bala-Chepete en su investigación e informe final.

Los indígenas de Rositas (Santa Cruz) manifestaron su preocupación por la construcción de la hidroeléctrica. En ese lugar son 59 hectáreas y 12 comunidades indígenas y campesinas que van a ser directamente afectadas, dijeron.

Lourdes Miranda, de la Comunidad Indigena de Tatarenda Nuevo, explicó que el proyecto es un “atropello” a familias y bosques vírgenes. “No queremos que se haga ese proyecto porque atenta contra la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra naturaleza”, agregó.

Acompañada de otros pobladores, manifestó la preocupación latente que vive. En tanto que ambientalistas y sociólogos presentaron datos sobre los daños del proyecto de la hidroeléctrica Bala-Chepete.

A la audiencia llegaron también comisarios de Tariquía (Tarija), para denunciar proyectos de exploración petrolera a esa reserva natural tarijeña.

Alberto Romero lamentó que no se consulte a los indígenas para la realización de estos proyectos. “Para nosotros la reserva es parte de nuestra vida, no somos nada sin eso”, enfatizó.