Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural retomarán la fase de evaluación oral de los postulantes este viernes, sin embargo, la postulante inhabilitada al Consejo de la Magistratura, Margarita Medrano advirtió que sus actos serán nulos en tanto la comisión no resuelva el amparo constitucional que presentó el pasado 16 de abril sobre su supuesta inhabilitación ilegal, el cual no fue resuelto hasta la fecha.

La abogada explicó que la Sala Tercera del Tribunal Constitucional de Santa Cruz le concedió la tutela y ordenó a la Comisión mixta de Constitución resolver el recurso de revisión interpuesto por su persona; además, que la medida cautelar que suspende la preselección de candidatos para las elecciones judiciales no será levantada hasta que se notifique a Medrano sobre esa acción legal interpuesta. “Desde el 26 de abril de 2024, las comisiones no podían haber hecho ningún acto, porque se mantiene latente la medida cautelar de suspensión de cualquier actividad de las comisiones entre tanto no resuelvan el recurso de revisión por el cual me concedió tutela el Tribunal Constitucional; sin embargo y pese a ser notificados, hasta la fecha no han resuelto el recurso, entonces, no es cierto que con nuevos amparos se haya suspendido el proceso porque desde el 26 de abril no podían hacer nada so pena de nulidad”, aseguró. Al no haber sido subsanada su situación, Medrano presentó un recurso de queja por la extrema demora en la solución de su caso porque la demanda interpuesta es de cumplimiento obligatorio, el cual fue aceptado por la justicia y la comisión debe pronunciarse sobre cuál será la situación de la candidata ihabilitada en un plazo de tres días tras la notificación de la sala constitucional.  “El incumplimiento de estas resoluciones de acuerdo al artículo 179 del Código Penal son un delito y se asocia a un incumplimiento de resoluciones constitucionales, (…) si se comprueba el incumplimiento va atener que remitir de oficio ante el Ministerio Público para que se abra un proceso penal contra las autoridades accionadas, quienes han incumplido la sentencia constitucional”, puntualizó. En ese sentido, reiteró que las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no pueden iniciar la evaluación oral hasta que respondan el recurso de queja presentado ya que las acciones que efectúen serán nulas de pleno derecho, porque no procedieron a atender la medida cautelar interpuesta el pasado mes de abril que suspende el proceso de preselección que se lleva adelante en ese órgano del Estado. “Si ellos quieren elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y el día de hoy no quieren cumplir una sentencia constitucional, cuatro meses que no han cumplido en pronunciar un recurso de revisión, (…) porque se están vulnerando mis derechos humanos, porque no cumplen una resolución que ha sido emitida por un tribunal competente, por una institución del Órgano Judicial, siguen cometiendo actos nulos con plena conciencia de hacerlo bajo la cortina de humo de que somos otras personas que queremos perjudicar el proceso de preselección”, argumentó.