A un día del inicio de las evaluaciones orales y escritas, estancadas desde abril, de los postulantes a altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el presidente de la Comisión Mixta de Justicia detalló la hermenéutica que seguirá el proceso.

“Son cinco preguntas que, según la ley, tienen que sacar de las ánforas, cada una vale 20 puntos; estarán compitiendo por 100 puntos (…). Cada postulante va a tener 25 minutos para responder a las cinco preguntas”, explicó el senador Roberto Padilla (MAS), titular de esta comisión.

Procedimiento

De acuerdo con el legislador, los postulantes deben obtener un mínimo de 130 puntos para ser incluidos en la lista que se remitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los otros 100 puntos provienen del examen de méritos.

Explicó que su comisión se reunirá desde las 08:00 de este viernes, pero se convocó a los postulantes a las 14.00 para las evaluaciones.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, las comisiones mixtas encargadas del proceso deben instalar sesiones permanentes, por tiempo y materia. Por lo tanto, se espera que el proceso pueda concluir el sábado o domingo.

Padilla indicó que su comisión, encargada de la revisión de las postulaciones al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, tiene 124 aspirantes: 84 a la Magistratura y 40 al Agroambiental. Por ello, considera que su trabajo es más sencillo que el de la Comisión Mixta de Constitución, encargada de 274 postulantes al TCP y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estima que podrían terminar con su labor este fin de semana.

Sin garantías

Sin embargo, en criterio de Padilla, no hay garantía plena para que el proceso se realice. En su criterio, todavía está latente la intención de paralizar la preselección.

“Estamos sospechando que han cambiado el plan, ya no va a ser el tema de amparos para paralizar las elecciones judiciales, sino obligar a los postulantes a que renuncien para que se declare desierta la otra comisión”, denunció.

Desde mediados de abril, las comisiones fueron notificadas con amparos constitucionales de los postulantes inhabilitados que impidieron las evaluaciones. Posteriormente, una acción popular dejó prácticamente desahuciado el proceso, hasta que, tras una polémica sesión en la Asamblea, el 6 de junio, se aprobó una resolución para dar continuidad a la preselección.

Sin embargo, nuevamente los amparos y las medidas cautelares impidieron en reiteradas ocasiones que la etapa de evaluación comience. Varios postulantes, especialmente al TCP y al TSJ, decidieron retirar sus postulaciones, denunciando una falta de seriedad en el proceso. Por normativa, las comisiones mixtas deben remitir un mínimo de 36 postulantes al TSJ y TCP, 14 al Agroambiental y 10 a la Magistratura. Caso contrario, la convocatoria puede declararse desierta.