- Brújula Digital - Tahuichi: denuncia contra el MAS por supuesta sedición debe ser atendidas por Fiscalía
- Brújula Digital - TED de Santa Cruz debe resolver denuncia contra candidata al TSJ si se formaliza
- VISION 360 - Candidata al TSJ admite que hacía campaña en Mairana, pero niega financiamiento al bloqueo de caminos
- Urgente BO - “Arce tiene los días contados”: Evistas dicen que "saldrán con más fuerza" después del cuarto intermedio
- El Potosí - ‘Arcistas’ y opositores logran imponerse en Diputados
- UNITEL - Candidata al TSJ en la mira: Sospechan de vínculos con los bloqueos en Mairana, la señalada lo descarta
- BRÚJULA DIGITAL - ¿Camacho candidato? - Edwin Cacho Herrera
- Ahora el Pueblo - Candidatos a las Judiciales participan del segundo foro de difusión de méritos en Cochabamba
- El País - Personas entre 18 y 35 años son el 43,46% del padrón
- El País - Las judiciales y la reconstrucción
Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: jueves 18 de julio de 2024
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones judiciales
Dirección Web: Visitar Sitio Web
Lead
Contenido
Como una “participación dañina” y una “renuncia calculada” fue calificada la acción de retirar su postulación para las Elecciones Judiciales, del magistrado que autoprorrogó su mandato en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, quien también pretendía ser reelegido para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en los comicios que están en duda.
Torres retiró su postulación, ayer, aduciendo que desconfiaba de la transparencia en el proceso de preselección que se realiza en la Asamblea Legislativa.
“La candidatura de este señor fue completamente dañina para la credibilidad de las Elecciones Judiciales, a la justicia y a la Constitución Política del Estado (CPE), porque es parte de quienes se autoprorrogaron en el cargo de forma ilegal”, afirmó el abogado y analista, Ramiro Carrillo.
El jurista calificó como “una renuncia calculada” la de Torres. En su criterio, el magistrado del TSJ tiene móviles políticos.
Aseveró que, con el retiro de su postulación, Torres admitió que cometió una ilegalidad al autoprorrogarse, pero que ahora él y sus colegas buscan mantenerse en el cargo hasta 2026, debido al contexto de las elecciones generales, que se deben realizar en 2025.
Según Torres en el Legislativo, el “proceso de preselección carece de transparencia, credibilidad, noto extraviada a la Comisión Mixta de Constitución en este proceso, hay caos y desorden, hay amparos que observan el trabajo de las comisiones”, declaró a los medios de comunicación.
El expostulante señaló que se retira pese a cumplir con los requisitos que solicitó el Legislativo, porque se revelaron audios sobre amaños y posible filtración de los exámenes “hay favoritismo y tráfico de influencias, ninguna transparencia”, cree que otros postulantes “lo van a pensar” antes de continuar en este proceso.
Por su lado, la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, quien también es parte de la Comisión Mixta de Constitución, reportó que con la renuncia de Torres suman 10 los casos de postulantes que se retiraron de la preselección a magistrados del Órgano Judicial.
“Torres no es el único magistrado autoprorrogado que ha renunciado, suman ya 10 renuncias en nuestra comisión, nosotros vamos a continuar con la preselección, pero reitero, este no es un proceso perfecto, fue muy mellado, pero es el que tenemos. Es la única forma de sacar a estos delincuentes de su cargo y devolver certeza a la población”, afirmó la senadora en contacto con Visión 360.
Sostuvo que también se debe analizar los acuerdos políticos que se deben realizar para viabilizar la continuidad del proceso de preselección de postulantes a magistrados en las siguientes elecciones judiciales.
Por otro lado, ayer se emitió un comunicado desde el Legislativo, en el que se convocó a los postulantes que aún están habilitados, para que se presenten a dar los exámenes orales, suspendidos desde abril.
Las pruebas se iniciarán el viernes desde las 14.00 y continuarán a doble turno durante del fin de semana. Esta acción se tomó por parte de los legisladores, con la incertidumbre de que se presente un nuevo amparo constitucional que paralice una vez más el proceso.