Un total de 743 vulneraciones a los derechos se registró durante la gestión 2023, de las cuales, el 51 por ciento corresponde a ataques a la institucionalidad democrática del país, según el Informe de situación 2023 elaborado por el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, que este jueves se presenta en la ciudad de Tarija.

“Una tendencia reconocida en los últimos tres años es el incremento sostenido de los casos de violación a la institucionalidad democrática. En relación a las demás categorías monitoreadas, las vulneraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática experimentaron el mayor incremento cualitativo el 2023, con un total de 379 registros (51% del total)”, señala la presentación del informe, que está firmada por la directora de UNITAS, Mila Reynolds.

La institucionalidad democrática implica, entre otros aspectos, la separación, independencia y equilibrio de órganos, el ejercicio efectivo de los derechos políticos, a través de elecciones y libres y justas, y el respeto a la promoción del pluralismo en la sociedad.

Una de las vulneraciones que más repercusiones ha causado y que está contenida en el informe es la decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), de prorrogarse en sus cargos y de aplicar similar medida para sus colegas de las otras altas cortes del país. La elección de magistrados es una atribución de la Asamblea Legislativa y no así de los propios magistrados.

“El debilitamiento de la institucionalidad y el estado de derecho también se refleja en el patrón de incumplimiento de las normas, el debido proceso y el acceso a la justicia, en el uso excesivo de la fuerza y el abuso policial en contra de periodistas y manifestantes, los agravios y la censura a los medios de comunicación, que además agravan la situación de la libertad de prensa”, señala el reporte.

Características del estudio

El informe monitorea seis derechos y libertades fundamentales: la institucionalidad democrática, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y protesta, libertad de asociación y los derechos de las personas defensoras de otros derechos.

De acuerdo al reporte, se registraron 379 vulneraciones a la institucionalidad democrática, 41 violaciones a la libertad de expresión, 143 vulneraciones a la libertad de prensa, 68 vulneraciones a la libertad de reunión y protesta, 61 vulneraciones a la libertad de asociación y 51 vulneraciones a los derechos de los defensores y defensoras.

En 2021, el informe registró un total de 666 vulneraciones en general; el 2022, las vulneraciones fueron 768 y el 2023 se registraron 743 vulneraciones a los seis derechos monitoreados.

El informe hace notar que, si bien a nivel global se registra una leve reducción de casos, esta no se debe a acciones de mayor control o límites impuestos a los poderes, sino a una menor cantidad de conflictos sociales de larga duración o de alcance nacional.

Institucionalidad democrática

En una revisión de los informes emitidos en años anteriores, se puede establecer un constante crecimiento de los casos de vulneración a la institucionalidad democrática. En 2020 se registraron 70 casos; en 2021, 62 casos; en 2022 199 casos; y en 2023, 379 casos, lo que representa un incremento del 90% en comparación al año anterior.

De los 379 casos, se presentaron 232 actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 88 casos de procedimientos no basados en la norma, 23 casos de corrupción de autoridades públicas, 12 casos de vulneración a la independencia de poderes, nueve casos de falta de transparencia y acceso a la información, además de otros registros menores.

Libertad de expresión

Respecto a la libertad de expresión, las vulneraciones son 41, de las cuales, 21 corresponden a la estigmatización, cinco a agresiones físicas, psicológicas o sexuales, entre otros aspectos.

“Se debe destacar que las limitaciones a la libertad de expresión fueron principalmente resultado de acciones de altas autoridades del Órgano Ejecutivo nacional, ministros, viceministros de diversas carteras, con un total de 22 casos”, indica el reporte.

Libertad de prensa

En cuanto a la libertad de prensa, se presentaron 143 casos, de los cuales, 30 corresponden a agresiones físicas, psicológicas o sexuales, 28 fueron amenazas y amedrentamiento a periodistas, 23 fueron casos de incumplimiento al deber de protección de periodistas, 20 se refieren al impedimento del acceso a la información de periodistas, 13 son casos de estigmatización de periodistas, siete son ataques a medios de comunicación, además de otros casos con registros menores.

Derecho a la protesta

La libertad de reunión y derecho a la protesta fueron vulnerados 68 veces, de los cuales, 41 son casos de personas heridas en uso desproporcionado de la fuerza pública, 11 casos de represión de una protesta, cinco de incumplimiento del deber de protección, entre otros.

Libertad de asociación

La libertad de asociación fue vulnerada 61 veces, siendo la obstrucción indebida del funcionamiento de una asociación la más recurrente, con 48 casos.

Derechos de los defensores

Y, finalmente, el documento presenta 51 casos de vulneración del derecho de las personas y organizaciones defensoras de derechos, de los cuales, 24 son casos de no protección en situación de riesgo, 18 son registros de criminalización de defensores, y otros casos con menor número de registros.

El informe de situación, que año tras año se presenta al país, combina una diversidad de fuentes, como el monitoreo de medios de prensa, entrevistas, informes y reportes de organizaciones nacionales e internacionales, además de casos y denuncias públicas.

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