Andrés Meriles, dirigente y secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Comunidades Campesinas, informó sobre el estado de las elecciones judiciales en Bolivia. Aseguró que, tras dejar de lado las elecciones primarias, se optó por avanzar en este proceso, aunque la reciente reunión convocada por el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional se vio empañada por la falta de compromiso de las fuerzas políticas asistentes, quienes, según Meriles, llegaron con un chantaje.

El chantaje, según Meriles, consiste en exigir el cese de funciones de los magistrados prorrogados, lo que plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de este accionar. Afirmó que, a pesar de la insistencia por parte de los mismos actores políticos sobre la necesidad de elecciones judiciales, su accionar revela un deseo de descabezar el órgano judicial, lo que podría facilitar la habilitación de Evo Morales como candidato presidencial para el 2025, a pesar de las restricciones constitucionales.

Meriles destacó que la Constitución Política del Estado, promulgada por el propio Morales, establece que no hay reelección indefinida. Recordó pronunciamientos de la CIDH y resoluciones del órgano electoral que respaldan esta inhabilitación, lo que pone en duda las acciones de quienes buscan modificar el panorama político a favor de intereses personales.

Enfatizó que el órgano ejecutivo ya ha garantizado los recursos necesarios para llevar a cabo estas elecciones este año, pero la falta de respuesta favorable del órgano legislativo es preocupante. Hizo un llamado a la responsabilidad y a la legalidad, recordando que los actuales magistrados han llegado a sus puestos a través de procesos democráticos y que cualquier intento de interferir en su continuidad por motivos políticos debe ser cuestionado.