La farsa del gobierno inventando un “golpe militar” fue el más reciente y alevoso MASazo a las Fuerzas Armadas de la Nación. Con ese “autogolpe”, el régimen socialista ha pretendido asestar un “golpe-de-gracia” a las FFAA, conscientes de que ellas son aún el último bastión que le impide a los vasallos cubano-venezolanos la toma total del poder político en Bolivia.
Lo que busca la “revolución socialista” en Bolivia es una victoria sobre las FFAA democráticas, aquellas que aún conservan la esencia republicana y nacionalista y que se resisten al chantaje y la corrupción. Este es el verdadero peligro del “autogolpe” de junio pasado. Como en Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que les falta es un “general del pueblo” de uniforme verde olivo, que termine de colonizar a las FFAA para convertirlas en la Guardia Pretoriana de la “revolución” imperialista cubana, bajo el eje chino-ruso-iraní.
El reciente autogolpe utilizó al general “chuto” José Zúñiga, protegido de Arce Catacora, para descabezar a las FFAA de aquellos militares en servicio que supuestamente ejercen una “resistencia pasiva” a la infiltración cubana, y que impiden la consolidación de su “proyecto de poder”. Por suerte, a lo mucho, el autogolpe terminó solo buscando resucitar ese odio visceral de la izquierda mimetizada como “demócrata” contra “los militares”.
Irónicamente, siendo los militares la última línea de resistencia frente al totalitarismo en América Latina y los custodios de la institucionalidad republicana, con la mayor formación cívica y misión profesional de servicio que eventualmente les puede reclamar la vida misma, son los primeros en ser acusados de antidemocráticos.
Lamentablemente, la historia los ha llevado a desempeñar un papel generalmente discordante con el desarrollo político democrático liberal, más por irresponsabilidad de los actores civiles políticos que crearon condiciones de desgobierno y caos, que en ocasiones condujeron a intervenciones trágicamente violentas. Pero lo que generalmente se omite es su origen: la violencia intrínseca del alzamiento armado, del terrorismo y el asedio a la población utilizados por el “socialismo revolucionario” para imponerse políticamente “por las buenas, o por las malas”, como dice Evo Morales.
Las FFAA son depositarias del encargo constitucional de ejercer el monopolio de la violencia. Así sucedió en la mayoría de los países sudamericanos durante las décadas de los 60, 70 y 80, desplazando gobiernos civiles o militares ineficaces, populistas y caoticos, generalmente de izquierda.
En Bolivia, un militar ilustrado gobernó con partidos civiles y llamó a elecciones, retirando ordenadamente a las FFAA de la política y sometiéndolas al orden democrático, al cual el mismo se sometió. Abrió el espacio político, incluso habilitando a un partido revolucionario de izquierda para que gobernara el país responsablemente, logrando que floreciera una democracia liberal, aun imperfecta, pero promisoria. Así, desde 1982 ya no se han suscitado más golpes militares auténticos, salvo los inventados por Morales-Kalimán (2019) y Arce-Zúñiga (2024).
Sin embargo, el reciente autogolpe confirma la regla que cuando existen gobiernos débiles, ineficaces y corruptos revive el fantasma de los golpes militares genuinos o “chutos” y echan por tierra décadas de construcción institucional, educación democrática y valor civil, dañando la credibilidad democrática institucional y desprestigiando a las FFAA.
Paradójicamente la falta de cumplimiento estricto del mandato constitucional por parte de las FFAA y del orden, de ejercer el monopolio absoluto de la violencia en el territorio nacional, ha debilitado la democracia en los últimos 25 años.
El resurgimiento de acciones subversivas de movimientos irregulares como el EGTK de Felipe Quispe y los García Linera, entre otros, desafió el orden institucional, erosionando la legitimidad de los gobiernos democráticos que no contaron con el respaldo suficiente de las fuerzas del orden.
Desde la Guerra del agua (2000), pasando por Febrero negro (2003) y la Guerra del gas (2003), hasta la desestabilización del gobierno de Carlos Mesa, las FFAA limitaron su apoyo a los gobiernos democráticos de Banzer, Sánchez de Lozada y del mismo Mesa, que adoptó la “agenda de octubre” de la insurrección, que culminó con la llegada al poder de Morales en 2006.
Constitucionalmente, las FFAA están obligadas a defender al Estado Nacional, lo que no implica defender a los políticos. Los gobiernos debidamente constituidos pasan a representar al Estado y por ello adquieren el derecho de ser protegidos y defendidos y de exigir el sometimiento de los sublevados. Sin embargo, las FFAA y del orden carecen de las garantías y respaldo efectivo para ejercer su deber constitucional, sin correr el riesgo de su desbande institucional, como se dio en la decada de los 50 y se está dando hoy en día.

La subversión de la democracia por Quispe, Morales y los García Linera, entre otros, que llevó al MAS al poder, debió ser enfrentada por las fuerzas del orden para evitar el derrumbe de la democracia republicana y prevenir el surgimiento de la autocracia socialista actual.
El cumplimiento por parte de las Fuerzas Armadas y del orden de su deber constitucional de monopolizar el empleo de la violencia es crucial para defender la democracia republicana contra el totalitarismo socialista antidemocrático, como el que nos gobierna. Cosecuentemente, el debilitamiento de la institucionalidad de las FFAA es el mayor riesgo para la democracia liberal.