Tras el fracaso del diálogo entre el vicepresidente David Choquehuanca y los jefes de bancada de las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, instó este martes a los legisladores a continuar con el proceso de las judiciales para darle certidumbre a la población. 

“Instamos a todas las autoridades competentes, en este caso de la Asamblea, a que se pueda continuar este proceso, es necesario darle un mensaje positivo a la sociedad, en el sentido que se puede solucionar en democracia estos problemas que tenemos con la elección judicial”, indicó Callisaya.

Señaló que hay la necesidad de que se elijan a las autoridades del Tribunal Constitucional y el Órgano Judicial, por lo que no se puede quedar en incertidumbre “permanentemente”. “Es importante que la población sepa lo que está ocurriendo”.

Cerca de las 14.30 del lunes, los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, los jefes de bancadas de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos y del Movimiento Al Socialismo (MAS) de ambas cámaras, además de los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, se reunieron con Choquehuanca para intentar destrabar la preselección de postulantes, empero, no se llegaron a acuerdos.

Los representantes de oposición y del MAS evista abandonaron la sala de reuniones a las 18.00 porque Choquehuanca ni los legisladores arcistas accedieron a sus demandas, la principal referida a la cesación de los magistrados prorrogados, que tiene que ver con la promulgación de la ley sancionada en la sesión de la Asamblea del 6 de junio, dirigida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. 

El jefe de bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, señaló que la propuesta era que la Asamblea emita una resolución respaldando el trabajo de los miembros de las comisiones mixtas, pero además que se respalde la iniciativa para solicitar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se “blinde las elecciones judiciales”.

“Son dos actos para blindar. Uno era la resolución de la Asamblea y otro es que el TCP deje sin efecto lo que ha determinado la Sala Constitucional de Beni, no solo las actuales sino futuras acciones (para) que ya no pongan en riesgo y no paralicen en su totalidad todo el proceso”.

El defensor indicó que desde la anterior gestión se convoca desde la Defensoría del Pueblo a que se pueda materializar el derecho político que tiene la población para elegir a sus autoridades judiciales.

“Hemos emitido un informe parcial al acompañamiento de la primera etapa del proceso de preselección y designación de las altas autoridades. Hemos manifestado y lo hemos denotado a la opinión pública que existe una obstaculización del proceso”, manifestó Callisaya.